La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a seis funcionarios de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, así como de los gobiernos de Sonora y de Sinaloa, por medio de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (Siedf), en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP), debido a que incurrieron en actos de corrupción al recibir presuntamente al menos dos millones de dólares para otorgar un contrato por 20 millones de dólares y otro por 50 millones de pesos a la empresa BizJet, con sede en Oklahoma, Estados Unidos.

El Departamento de Justicia del país vecino informó que BizJet se dedica a dar mantenimiento, realizar reparaciones y revisiones de aeronaves y fue multada con 11.8 millones de dólares por haber incurrido en delitos relacionados con la llamada Ley de Política Exterior sobre Prácticas Corruptas, debido a que se descubrió que sus empleados sobornaron a funcionarios mexicanos de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales.

La PGR dio a conocer que los actos de corrupción estarían relacionados con hechos ocurridos entre 2004 y 2009, en que los funcionarios mexicanos aceptaron los servicios de mantenimiento, reparación y revisión general a aeronaves y helicópteros de dependencias federales, a cambio de pagos que oscilaron entre 50 mil y 100 mil dólares mensuales.

El Ministerio Público Federal indicó que gracias a la cooperación entre Estados Unidos y México, se ha logrado identificar a varios empleados de BizJet, quienes intervinieron en los actos de corrupción, así como seis servidores públicos mexicanos sobornados, pero no reveló los nombres de los involucrados.

Las autoridades mexicanas investigan esos casos de cohecho y enriquecimiento ilícito, y ello dependerá del análisis de los contratos entre BizJet y dependencias federales y estatales, así como información contable donde se describen operaciones de esa empresa integradas por órdenes de servicio, facturas, pólizas de cheque y comprobantes de transferencias por conceptos de comisión a favor de un intermediario, y registros financieros, información patrimonial y migratoria de los servidores públicos.