Buenos Aires, 10 de marzo. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, fue denunciado ante la justicia federal por sabotajecon relación al traspaso de la línea del metro de la capital de Argentina que había firmado en enero pasado con el gobierno nacional, retractándose en los últimos días, y por presunta violación de sus deberes públicos.

La denuncia fue presentada el viernes anterior por Ariel Mauricio Saegh, presidente del Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad (CEPES), ante el magistrado Ariel Lijo, a quien señaló que el pasado 3 de enero se firmó el acta de acuerdo para el traspaso de Trenes Subterráneos de la ciudad de Buenos Aires.

Se consigna que el también empresario, de manera tan intempestiva como antijurídica y por una vía absolutamente no idónea, el 29 de febrero último anunció durante una conferencia de prensa que no se haría cargo de la transferencia de ese servicio público. Considera el titular del CEPES que el acta de acuerdo tuvo comienzo de ejecución ya que el jefe capitalino aumentó el valor del boleto del metro en 125 por ciento.

También en la denuncia se recordó que Macri, en un primer momento, usó como argumento que el gobierno nacional incumplió con las prestaciones a su cargo. Otra argumentación es que en realidad no había recibido los servicios de subterráneos y del premetro y, finalmente, que nada podía firmar sin la aprobación de la Legislatura local, lo que ratificó hoy.

El jefe de gobierno denunciado no se acuerda, o sabiéndolo lo oculta a la información pública, que la ley de la ciudad autónoma de Buenos Aires ya había autorizado dicha trasferencia al adherir al decreto correspondiente del Poder Ejecutivo. El 5 de enero, dos días luego de firmar el acta, Macri dio a conocer un decreto con un sustancial aumento de tarifas, lo que significa una evidente contradicción.

Todo este entramado de declaraciones llevó a que el primero de marzo pasado no hubiera servicio del metro en la ciudad, lo que consideró un sabotaje y advirtió que con la actividad que tiene esta ciudad puede ser afectada rápida y certeramente por un obrar concertado entre quienes urden la privación de un servicio efectivo de transporte de pasajeros y los grandes medios de comunicación que hacen escarnio de la situación.

El enfrentamiento entre los gobiernos nacional y capitalino podría llegar a dirimirse en la Corte Suprema, aunque hay instancias de la intervención del Congreso y la Legislatura porteña. En las últimas horas, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también pidió que la capital del país asuma el control de las 33 líneas de transporte colectivo de pasajeros.

El jefe de gobierno porteño afirmó que la ciudad no puede sostener los subsidios y que para mantener el precio de las tarifas de las 33 líneas de colectivos el pasaje debería aumentar a por lo menos cuatro pesos, es decir, 360 por ciento más que el valor actual.

Mientras tanto, la Cámara de Casación Penal levantó el secreto fiscal de los directivos del Grupo Clarín en la causa por la estafa al sistema previsional (AFJP), por un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El secreto fiscal amparaba a José Aranda y Lucio Pagliaro, directivos del Grupo Clarín bajo sospecha de estafar a las AFJP con la manipulación del precio de varias acciones, como informó el matutino Tiempo Argentino.

La UFI investiga si los implicados aprovecharon la compra de Multicanal por Cablevisión para manipular el precio de las acciones, lo que perjudicó a las AFJP y sus aportantes del sistema privado. Se intenta aclarar si estos directivos de Clarín vendieron acciones cuando estaban en su máximo, para pedir la incautación de los fondos en caso de que también se pruebe que hubo fraude.

Por otra parte, ayer el titular de la AFIP (Hacienda), Ricardo Echegaray, sostuvo en rueda de prensa que el vicepresidente Amado Boudou no intervino ni en el pedido de la quiebra de la ex empresa gráfica Ciccone ni en el levantamiento, cuestiones que resolvió el juez comercial Javier Cosentino. Determinó que su única participación cuando era ministro de Economía consistió en evacuar una consulta técnica del propio ente recaudador ante un pedido de la firma de quita y condonación de intereses, multas y honorarios.

Fue una nota donde Boudou avalaba esas facilidades para asegurar la recaudación y preservar las fuentes de trabajo, aunque agregaba que había que ajustarse a la ley, lo que había sido presentado por los medios opositores Clarín y La Nación como una intervención interesada del entonces ministro de Economía (en 2010) para favorecer a la ex empresa Ciccone.

El jefe de la AFIP explicó que lo que se hizo con Ciccone es lo mismo que se ha hecho con muchas otras empresas, y recordó los casos de los diarios La Nación y Clarín. Desde 2003, “La Nación tiene una deuda de 160 millones de pesos con el fisco, por aportes patronales apropiados como crédito fiscal, y la AFIP no procedió a cerrar el medio para mantener las fuentes de trabajo”, dijo

Lo mismo sucedió con Clarín, que tenía una deuda de más de 100 millones de pesos, pero llegó a un acuerdo fiscal con la AFIP y regularizó su situación.

Vinculó al ex presidente Eduardo Duhalde con la guerra sucia y a una empresa que tiene conexiones con éste. Es otro tema de la agenda fuerte de la próxima semana.