La organización Derechohabientes Viviendo con VIH del Instituto Mexicano del Seguro Social envió una carta al titular de la Secretaría de Salud (Ssa), Salomón Chertorivsky, para externar su preocupación por las renuncias (el pasado jueves) de la doctora Xóchitl Terán, directora de Atención Integral del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida), y Alejandra González, segunda persona a cargo de dicha dirección, quienes eran las responsables de planear las compras de medicamentos antirretrovirales.

En la misiva entregada este viernes, el coordinador general de la agrupación, Luis Adrián Quiroz, subrayó que en la reunión celebrada en días pasados entre diversas organizaciones civiles que velan por los derechos de personas con VIH y el propio Chertorivsky, ya se había planteado la inquietud de que la dependencia federal cumpliera cabalmente con la compra de esos fármacos, por lo que debemos insistir en la necesidad de que se activen los mecanismos necesarios para garantizar el suministro en tiempo, forma y espacio a las personas que lo requieran durante el tiempo que falta para que concluya la actual administración y los primeros meses de la siguiente .

En entrevista, el activista señaló que la Secretaría de Salud (Ssa) debe asegurar que quien ocupe dichos puestos cuente con el perfil adecuado para llevar a cabo esas funciones, toda vez que no sólo se encargaban de la adquisición de los fármacos, sino también de la vigilancia de programas.

Para Quiroz, la salida de dos personas clave en la citada dirección del Censida genera incertidumbre, pues hasta donde tienen noticia las organizaciones, el proceso de compra de antirretrovirales está en marcha. Si se van dos personajes, uno se pregunta qué sigue, y las autoridades de la Ssa tienen que responder.

De no contar con abasto y suministro eficientes, podrían verse afectadas 30 mil personas que viven con VIH, que no cuentan con seguridad social y están afiliadas al Seguro Popular, estimó.

Quiroz manifestó que la renuncia de las funcionarias da cuenta de crisis dentro de Censida, que se suma a la ruptura de diálogo e interlocución con sectores de la sociedad civil en el Centro Nacional de Prevención y Control del IH/sida.