Monterrey NL, 20 de febrero. El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz informó que 30 zetas se fugaron del centro penitenciario de Apodaca, poco antes de la riña que provocó la muerte de 44 miembros del cártel del Golfo, la madrugada del domingo. Las autoridades se dieron cuenta de la evasión 20 horas después, según el vocero de Seguridad estatal, Jorge Domene, quien confirmó que autoridades del Centro de Readaptación Social (Cereso) participaron en la fuga.

En una conferencia de prensa por la tarde, Domene indicó que nueve de los 18 custodios del Cereso de Apodaca retenidos en la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) confesaron su participación en los hechos, pues permitieron el paso de los agresores del edificio Coca (C) al Delta (D), así como su ingreso a la torre 6, desde la cual se fugaron. Esta explicación reforzó algunas versiones de que no se trató de una riña, sino de una ejecución.

El portavoz agregó que en contubernio con algunos custodios, la fuga de los internos ocurrió alrededor de la 1:45 de la madrugada del domingo, y minutos después la riña, que duró aproximadamente hora y media. Aseguró que los custodios dieron todas las facilidades para el escape y no avisaron inmediatamente de la riña, por lo que consideró que hubo traición de los funcionarios penitenciarios.

Recompensas por recapturas

Antes, en la mañana, Rodrigo Medina anunció, en conferencia de prensa ofrecida junto con el procurador estatal Adrián de la Garza, una recompensa hasta de 10 millones de pesos a quien proporcione información para recapturar a los internos, 25 de ellos del fuero federal y cinco del fuero común.

También dijo que varias autoridades penitenciarias fueron separadas de sus cargos al presumirse que fueron cómplices en la evasión, entre ellas Ernesto García Guerrero, comisario general de la Agencia de Administración Penitenciaria, y Gerónimo Miguel Andrés Martínez, director del penal de Apodaca.

Otros cesados fueron Juan Hernández Hernández, subdirector del reclusorio; Óscar Devece Laureano, jefe de seguridad del penal, y ocho custodios que estaban de turno, todos ahora sujetos a pesquisas por la AEI. Medina de la Cruz designó a José Anastacio Fuentes Rojas como nuevo encargado de la Agencia de Administración Penitenciaria, y a Guillermo Rayas Salgado al frente del Cereso.

Rodrigo Medina dijo que solicitó a la Secretaría de Gobernación reubicar a los reos federales, que ocupan casi 60 por ciento de los espacios penitenciarios en Nue- vo León, acusados de críme- nes relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico, robo con violencia, secuestro, extorsiones, halconeo, posesión de arma de fuego y delitos contra la seguridad, todos del fuero federal.

Indicó que entre los reos fugados está Óscar Manuel Bernal Soriano, La Araña, presunto capo involucrado en la ejecución del secretario de Seguridad de García, Juan Arturo Esparza, en noviembre de 2009. También mencionó a Jonathan Israel Flores, Jaime Román Rodríguez, José Ricardo Barajas, Édgar Gabriel Hernández, Érick Hernández y Gerardo García.

Citó también a Juan Cristóbal Flores, Manuel Bernardo Mendoza, José Francisco Gutiérrez, Héctor Roosevelt Huerta, José Hernández, Francisco Javier Puente, Miguel Alejandro Pérez, Adán Sáenz, Darío Rosas, José Isidro Cruz, José Manuel Pérez y Rogelio Chacha.

En la lista incluyó a José Antonio Montiel, David Alberto Segundo, Édgar Adrián Izaguirre, César Eduardo Sandoval, Jesús Manuel Santiago, Aldo Alejandro Ríos, Horacio Silva, Juan Argüello, Rubén Méndez, José Luis Guzmány Cristopher Abad Blanco.

Añadió que en la mesa única de apoyo a los familiares de los 44 reos fallecidos instalada ante el Servicio Médico Forense, atendida por el subsecretario de Gobierno, Felipe González, se brinda atención sicológica a 80 deudos de reos fallecidos, además de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entregó apoyo para servicios funerarios a 17 familias.

Aunque la versión oficial no reportó lesionados, familiares de internos aseguraron que varios fueros llevados con heridas graves a la enfermería del penal.

La autoridad identificó a 42 de los 44 fallecidos: Jonathan David Valdez, Édgar Torres, Martín Vázquez, Francisco Javier Prado, Mauro Torres, José Luis Llanas, Diego Alberto Tamez, Aarón Miranda, Bernardo Villanueva e Isidro Israel Padrón.

En la relación están también Mario Humberto Ramírez, Mauricio Quiñones, Édgar Vera, Claudio Martínez, Jesús Santiago, Julián Enrique Lara, Eduardo Natividad, Christian Salvador Pérez, José Santiago Cortez y Martín Valenciano. Además, Roberto Alejandro Gutiérrez, Carlos Humberto Díaz, Kevin Israel Vázquez, José Ángel Navarro, Jesús Guillermo Oliva, Jesús Homero Díaz, Juan Antonio Bazaldúa, Osiel Guadalupe Moreno, Martín Reynold Arizpe, y José Luis López.

También Roberto Tolentino, Daniel Enrique Hinojosa, Roberto Rangel, David Jesús Acosta, Omar González, Samuel Reyna, Yael Cristóbal, Néstor Ariel Rivera, Juan Ismael Montes, Juan Antonio González, José Montiel y Francisco Guevara.

Internos pedían ser reubicados

En tanto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Minerva Martínez, informó que dos reos (de los 44 fallecidos) habían solicitado la intervención del organismo, por considerar que su integridad estaba en riesgo, y pedían se les cambiara de cárcel. Reveló que a uno de ellos lo vigiló un custodio durante tres días, pero le fue retirado porque se consideró que ya no había peligro.

Señaló que durante el enfrentamiento en el Cereso había dentro del reclusorio 48 niños que acompañaban a sus madres como parte de las visitas conyugales, y admitió que la CEDH no detectó que en el Cereso de Apodaca se permitiera entrar a niños.

Añadió que se emitieron ocho exhortos contra el gobierno del estado por las condiciones en que operaba el penal de Apodaca, las cuales no fueron aceptadas en su totalidad, y las que sí se aceptaron están en vías de cumplimiento porque no ha vencido el término otorgado a la autoridad para su ejecución.