Buenos Aires, 19 de febrero. Diecinueve oficiales de la Gendarmería Nacional de Argentina pasaron a retiro este fin semana, en lo que el Ministerio de Seguridad consideró parte del ciclo normal de ascensos y pases a retiro. La purga ocurrió días después de que salió a la luz que la justicia investiga a esa fuerza de seguridad por presunto espionaje a dirigentes sociales y sindicales.

La decisión incluye la destitución de nueve de los 15 comandantes generales oficiales y 10 de los 16 comandantes mayores, informó hoy el diario opositor Clarín.

El Ministerio de Seguridad advirtió que el relevo se basa en el ciclo normal de ascensos y pases a retiro y que no tiene relación con supuestas tareas de inteligencia ilegal.

Los movimientos, decididos por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y firmados por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, no afectaron al jefe de Gendarmería, Héctor Schenone, quien admitió la semana pasada ante la justicia la existencia del Proyecto X, en una causa iniciada por delegados gremiales y organismos de derechos humanos.

Base de datos sobre líderes sociales y sindicales

El Proyecto X es una base de datos que gendarmes elaboran sobre sindicalistas y dirigentes sociales e incluía un minucioso registro del uso de teléfonos, medios de comunicación, transporte y aportes económicos. Dirigentes opositores aseguran que esa información fue obtenida de manera ilegal y se trata de espionaje interno.

Los denunciantes creen que las tareas de inteligencia desde el Estado comenzaron hace varios años, aunque no pudieron confirmarlas hasta 2011. Sabíamos desde hace tiempo que hacían espionaje, pero recién lo comprobamos a finales del año pasado, dijo Javier Hermosilla, gremialista de la empresa alimentaria Kraft.

“En las manifestaciones siempre veíamos gente extraña, con cámaras de fotos y de filmar, y no eran periodistas. Ahora sabemos que hay infiltrados en todas las marchas. Hay espías y teléfonos pinchados (intervenidos)”, agregó Hermosilla, que ganó notoriedad por las protestas que personal de Kraft realizó durante 2009.

El gobierno nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad (...). No vamos a tomar decisiones sin reflexión, había dicho Garré el viernes pasado, con relación a la denuncia sobre el sospechado accionar de Gendarmería, una de las fuerzas bajo su órbita.

El juez Norberto Oyarbide estudia si es cierto que, como aseguran integrantes de movimientos de derechos humanos, un grupo de gendarmes se infiltró en manifestaciones de delegados de Kraft. La ley 25.520 establece que no se puede obtener información de personas por pertenencia a organizaciones sociales o sindicales.

Al admitir ante la justicia la existencia del hasta entonces desconocido Proyecto X, Schenone lo definió como una base de datos que se utiliza como herramienta de análisis y orientativa en causas judiciales, como en apoyo informativo a Unidades Operativas.