Washington, 31 de enero. El polémico programa Rápido y furioso, que permitió la entrada de armas a México para supuestamente detener a grandes traficantes, fue el cuarto desde 2006 que aplicó una estrategia similar, revela un informe de un legislador demócrata estadunidense.

Rápido y furioso, que se aplicó entre 2009 y 2010, fue la cuarta operación desde 2006, en las que no se decomisaron armas que pudieron y debieron haber sido interceptadas por agentes de seguridad, manifesta el reporte del congresista Elijah Cummings.

Las operaciones fueron dirigidas desde la oficina de Phoenix, Arizona (fronterizo con México), de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por su sigla en inglés), sostiene el documento de Cummings, demócrata de mayor rango en la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes.

La comisión investiga desde el año pasado la operación Rápido y furioso, que permitió el tráfico de casi 2 mil armas a México. A gran parte de éstas se les perdió el rastro entre noviembre de 2009 y finales de 2010.

La mayoría republicana de dicha comisión ha impulsado numerosas audiencias e interrogado a más de dos decenas de funcionarios para ver si la operación fue autorizada o conocida por el fiscal general, Eric Holder, o el presidente Barack Obama.

“Contrario a lo que ha sido repetido por algunos, la comisión no ha conseguido ninguna evidencia de que Rápido y furioso fue una operación motivada políticamente, concebida y dirigida por funcionarios de alto nivel del Departamento de Justicia del gobierno de Barack Obama”, declaró Cummings.

Según el texto, luego de entrevistar a 22 funcionarios, “la comisión no ha visto evidencias de que el fiscal general haya autorizado o conocido las polémicas tácticas de Rápido y furioso, como el funcionario ha afirmado.

Holder será interrogado hoy nuevamente por la comisión, cuyo jefe, el republicano Darrell Issa, amenazó este martes a Holder con iniciar un proceso para declararlo en desacato si el Departamento de Justicia no envía a los legisladores decenas de miles de documentos relacionados con la operación.

Las cuatro acciones fueron Wide receiver entre 2006 y 2007, Caso Hernández en 2007, Caso Medrano en 2008 y Rápido y furioso, aunque esta última fue la más amplia y permitió la mayor entrada de armamento a México.

El escándalo por Rápido y furioso estalló cuando armas compradas durante el operativo fueron encontradas tras el asesinato de un agente estadunidense en diciembre de 2010 y llevaron a la remoción del director de ATF y a la dimisión de varias autoridades policiales de Arizona.