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Desalojados de Hidalgo exigen a la SG mediar
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Poco más de mil habitantes de la colonia 20 de Noviembre , en Pachuca, Hidalgo, fueron desalojados la mañana del sábado de un predio Aldo Falcón
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 31 de enero de 2012, p. 37

Pachuca, Hgo., 30 de enero. Unos mil habitantes de la colonia 20 de Noviembre de esta ciudad, quienes fueron desalojados el sábado pasado, se manifestaron el mediodía de este lunes en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos para exigir al gobierno de Felipe Calderón la instalación de una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación, (SG) y acusaron al gobernador Francisco Olvera Ruiz de violar el estado de derecho en Hidalgo.

Durante el recorrido de la caravana de 15 autobuses desde Pachuca hasta la ciudad de México, Aurelio González Pérez, regidor y dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Hidalgo, acusó a Fernando Moctezuma, secretario de Gobierno, y al subsecretario Carlos Moreno López del secuestro de la ex candidata perredista a diputada federal por el sexto distrito de esta ciudad, Edith Ibarra, quien fue detenida el viernes por la noche sin orden judicial y recluida en una cárcel de máxima seguridad en Huejutla, con el cargo de despojo del predio en disputa.

Exigimos su inmediata liberación, manifestó el regidor perredista, quien señaló que los mil 500 policías participantes en el desalojo y demolición de 200 viviendas robaron cilindros de gas, estufas, refrigeradores, camas y mesas de las casas derribadas; parecía que estaban en un bazar, llevándose cuanto pudieron, relató.

Agregó que el gobierno de Olvera Ruiz violó la ley al ordenar que se despojara a los colonos del predio de cuatro hectáreas localizado en la colonia 20 de Noviembre. Los afectados, dijo, tienen documentos que avalan la posesión legal y el uso del suelo, así como recibos de luz y agua.

El dirigente estatal del sol azteca demandó que tanto Fernando Moctezuma como Moreno López respondan por los ultrajes, el despojo, la agresión y el secuestro que sufrieron nuestros compañeros, pues no presentaron orden de desalojo ni resolución judicial que mandatara la entrega de los terrenos ocupados legalmente mediante un contrato de compraventa.