Los pueblos indígenas del país han vivido condiciones de discriminación, exclusión y marginación de manera permanente a lo largo de la historia, que no son casuales ni naturales, sino resultado de carencias graves en el enfoque del Estado para proteger, respetar y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.

Así lo afirmó el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera, quien llamó a atender el componente estructural de la tragedia que atraviesan los tarahumaras, más allá de la atención mediática que han atraído recientemente.

En México, los derechos económicos, sociales y culturales presentan dificultades importantes para hacerse justiciables. Son pocos los ejemplos que podemos contar de personas o autoridades que hayan sido llevadas ante tribunales para rendir cuentas por la violación de los derechos a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda o al trabajo de una comunidad indígena, subrayó el activista.

Estas carencias no sólo tienen que ver con un marco legal insuficiente para ejercer las mencionadas garantías, sino con un aparato de procuración e impartición de justicia prácticamente inalcanzable para estas poblaciones, y con el hecho de que el Presidente aún no haya firmado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Exclusión, problema central

“El problema central por el que atraviesan las comunidades indígenas en nuestro país –enfatizó– es el de la exclusión. Desde megaproyectos de extracción energética o para el desarrollo de infraestructura, impuestos sin la debida consulta a las poblaciones afectadas, hasta políticas de combate a la pobreza que no partieron de un diálogo con las comunidades, el acercamiento que de manera recurrente han tenido las autoridades con los pueblos indígenas ha sido, en muchos sentidos, ciego y sordo”.

El gobierno se olvidó de preguntarle a los pueblos indígenas qué quieren y esa falta de voz genera discriminación y exclusión, convertida en fenómeno estructural no sólo en la Sierra Tarahumara, sino también en muchas otras regiones de nuestro país, dijo, por lo que llamó a aprovechar la solidaridad y capacidad de movilización de la sociedad mexicana para atender las causas estructurales de la pobreza.

En este contexto la Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que ya investiga los problemas de salud y alimentación que afectan a los indígenas de la región tarahumara, para lo cual envió a un grupo de visitadores a las comunidades de Cochimí, Huizarorare, San José Baqueachi, Bocoyna, Creel, Sisoguichi, Cusararé, Lago de Arareco, Batopilas, Kiraré y Huachochi.

La Secretaría de Desarrollo Social, por su parte, informó que ya se han hecho llegar a la población afectada por las bajas temperaturas más de 187 mil cobijas, de un total de 330 mil, que se distribuirán en Chihuahua, Durango, Sonora, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora.