La Cédula de Identidad, uno de los planes más ambiciosos que en 2008 se fijó el gobierno federal, en el contexto del Acuerdo para la Seguridad, tiene hasta ahora un cumplimiento de apenas 10 por ciento respecto al registro total de menores de edad, y de menos de 40 por ciento de las propias metas que fijó la Secretaría de Gobernación (SG) al inicio de 2011.

Pensada inicialmente como una herramienta para auxiliar en la identificación oficial y/o búsqueda de personas (en momentos en que el secuestro empezaba a mostrar niveles sin precedente), la cédula acumula al último corte 2.7 millones de registros de menores de entre cuatro y 17 años de edad y no hay ningún avance ni proyecto para la toma de datos de otros sectores de la población: 80 millones de adultos, pequeños entre cero y cuatro años, y extranjeros que viven en México.

La meta fijada por Gobernación en enero pasado fue de registrar al menos a la mitad de los cerca de 26 millones de menores de edad, a fin de concluir esta tarea, con los pequeños, al cierre del sexenio calderonista.

Sin embargo, el objetivo inicial, redactado en 2008 en el Acuerdo de Seguridad, era dotar de este documento de identidad a todos los mexicanos en un plazo máximo de tres años.

La SG informó esta semana de alcances mucho más modestos: al cierre del año entrante, pretende alcanzar el rango de apenas 9.9 millones de cédulas de identidad para menores.

Así, la administración actual no pudo concretar el gran plan de cambiar o complementar la credencial para votar con fotografía (desde hace más de 15 años opera como identificación oficial) por un mecanismo general, nacional, permanente y seguro.

Si bien el Registro Nacional de Población, dependiente de la SG, ha tenido que lidiar con varios obstáculos, lo mismo presupuestales que legales (la Cámara de Diputados promovió una controversia constitucional que finalmente no fue respaldada por los ministros de la Suprema Corte), la información difundida este jueves por Gobernación evidencia que el proyecto fue planeado sin sustento desde 2008.

En enero de este año, Francisco Blake, entonces titular de la SG, dio el banderazo del programa en Baja California; el registro de menores continuó en Baja California Sur, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sinaloa.