Mundo
Ver día anteriorJueves 8 de diciembre de 2011Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

La OEA y Francia repudian el crimen de la periodista Luz Marina Paz

Sicarios asesinan a Alfredo Landaverde, ex asesor del Ministerio de Seguridad hondureño
Foto
Identificación oficial del ex funcionario asesinado. A la derecha forenses inspeccionan el vehículo baleado de Alfredo LandaverdeFoto Ap y Reuters
 
Periódico La Jornada
Jueves 8 de diciembre de 2011, p. 37

Tegucigalpa, 7 de diciembre. Alfredo Landaverde, ex asesor del Ministerio de Seguridad de Honduras y antiguo coordinador de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, férreo crítico de la corrupción de la policía, murió hoy tras ser atacado a tiros por sicarios en la periferia noreste de la capital.

Lamentablemente confirmamos la muerte del ingeniero Alfredo Landaverde, quien clínicamente fue dado por muerto; entró herido, y su esposa está herida de un balazo, informó Lilia Leiva, portavoz del Hospital Escuela.

La esposa de Landaverde es la socióloga venezolana Hilda Caldera, sobrina de un ex mandatario del país sudamericano.

La muerte de Landaverde, baleado por dos sicarios que se movilizaban en moto, ocurre un día después de que también sicarios mataron a la periodista Luz Marina Paz y a un mecánico que la acompañaba, en la periferia de Tegucigalpa, lo que elevó a 17 la cifra de los comunicadores asesinados en Honduras desde 2010.

En sendos comunicados separados, tanto Francia como la Organización de Estados Americanos condenaron el asesinato de la periodista y su acompañante e instaron al gobierno hondureño a esclarecer estos crímenes.

Además, estos hechos se suman al asesinato este año de dos jóvenes universitarios a manos de la policía, lo que desató en su oportunidad una ola de indignación, como ahora, y puso al descubierto que estaciones de policía estaban al servicio de criminales, como reconoció el propio ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.

Landaverde, activista de derechos humanos de 76 años, estaba solicitando la depuración de las fuerzas policiales, a las cuales acusaba de tener vínculos con organizaciones criminales.

El pasado 21 de noviembre denunció que la policía estaba detrás de la muerte del zar antidrogas de Honduras, general Arístides González, ocurrida el 8 de diciembre de 2009 en esta capital.

La muerte de Landaverde provocó una fuerte conmoción en el país en medio de la ola de violencia que agobia a la población. Fue legislador por el Partido Demócrata Cristiano y asesor del Ministerio de Seguridad durante el gobierno del derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales, y era hermano de Moisés Landaverde, un dirigente magisterial asesinado durante la década de los años 80.

Visiblemente impactado, el presidente Porfirio Lobo intervino inmediatamente en radios locales para lamentar la muerte de Landaverde, a quien describió como un gran hondureño, un líder político que en su momento ha contribuido con su querida patria.

De hecho, Landaverde le había exigido a Lobo intervenir la policía y ordenar una auditoría de todos los bienes de la institución.

Para contrarrestar la criminalidad, Lobo se propone declarar un estado de emergencia que permite incorporar a los militares a labores típicamente policiales, lo cual es criticado por organizaciones sociales y de derechos humanos. Además, pidió a la ciudadanía colaborar en la lucha contra la delincuencia y suministrar información sobre los criminales.

Honduras se ubica entre los países con mayor tasa de asesinatos en el mundo (82 por cada 100 mil habitantes), según el primer estudio global sobre homicidios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito divulgado el pasado octubre y que consideró 207 países.

El gobierno ha reconocido que los organismos de seguridad fueron infiltrados por las mafias y que cuerpos enteros de la policía están vinculados con el secuestro, el sicariato, el narcotráfico y el robo de autos, entre otros delitos.

En tanto, legisladores dijeron que el Congreso de Honduras se apresta a aprobar una ley de escuchas telefónicas para combatir los secuestros, el narcotráfico y otros delitos de la delincuencia.