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Una juez federal considera que los argumentos presentados no tienen el peso legal suficiente

Niegan amparo a Esiquio Martínez, ex secretario de juzgado preso por fraude
 
Periódico La Jornada
Viernes 2 de diciembre de 2011, p. 10

Una juez federal negó un amparo a Esiquio Martínez Hernández, ex secretario de un juzgado federal, preso por un presunto enriquecimiento ilícito por más de 50 millones de pesos.

Luz María Ortega Tlapa, titular del juzgado octavo de distrito en materia de amparo, rechazó el argumento que utilizó Martínez, quien sostuvo que la investigación que lo llevó a la cárcel es ilegal porque violó desde un principio su secreto bancario.

La juez Ortega resolvió que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) actuó dentro de los márgenes de su competencia al solicitar la información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que no es aceptable el argumento del quejoso sobre presuntas ilegalidades en el actuar de la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra.

En el amparo promovido contra la formal prisión, el ex funcionario alega que todos sus estados de cuenta, donde se descubrió que había movilizado 432 millones de pesos en 7 años, fueron informados a una autoridad desde antes que iniciara la averiguación previa.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha divulgado que presentó su denuncia ante la PGR contra el ex secretario, desde el pasado 28 de enero, luego de que tuvo conocimiento de sus estados de cuenta bancarios.

Según la demanda de garantías de Martínez, la transmisión de esta información fue violatoria del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

En este artículo el CJF no aparece entre los facultados para solicitar y obtener información bancaria de personas físicas o morales, como sí lo están la PGR, las procuradurías locales, la Auditoría Superior de la Federación, los jueces y el Instituto Federal Electoral.

El argumento no fue convincente para la juez Ortega quien le negó el amparo en primera instancia judicial.

La última palabra legal sobre el caso la tendrá un tribunal colegiado.