La Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, para instaurar en el país la pena de prisión vitalicia a plagiarios que asesinen, mutilen o torturen a sus víctimas, pero los propios legisladores reconocieron que dejaron fuera la imprescriptibilidad del delito.

En la sesión de ayer, los grupos parlamentarios –excepto del PT y tres perredistas–votaron en favor del cambio, con el argumento de que no se puede tener consideraciones con los secuestradores que, por ejemplo, en la visión de Acción Nacional, no merecen que se les respeten sus derechos humanos.

Entre las modificaciones se considera la integración de un fondo para atender a las víctimas; la obligación de los estados y las procuradurías locales a perseguir de oficio ese delito, que se considera grave. Se sustituyó la figura del secuestro exprés por la de robo de bienes o dinero a personas privadas de su libertad y, por tanto, aplicar la sanción máxima.

Asimismo, se endurecen las penas contra quienes amenacen a otras personas con privarlos de su libertad, con la intención de obtener dinero en efectivo o bienes en especie. En este caso se considera prisión de cuatro a ocho años y una multa equivalente de entre 300 y 350 días de salario mínimo.

Durante la discusión de dictamen de la Comisión de Justicia, legisladores del PT consideraron excesiva la prisión vitalicia. Jaime Cárdenas afirmó que se trata de una condena inusitada, porque en los hechos es cadena perpetua.

En un Estado democrático se fortalece la previsión social del delito, resolver las causas que lo generan, pero no se sanciona drásticamente a los delincuentes ni se les impide la reinserción a la sociedad, expresó.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y autor de la iniciativa que reforma dicha ley, Alfonso Navarrete Prida (PRI), argumentó que el plagio no es más que la expresión de la evolución criminal, pero en contraste con el contenido de su propuesta, aseguró que la privación de la libertad se combate frenando a los criminales cuando inician su carrera delictiva.

Sin embargo, la diputada Enoé Uranga Muñoz (PRD) cuestionó que la reforma tiene exclusivamente un corte electoral, para empatarla con la campaña del PVEM en revistas de espectáculos y cadenas de cine. “Aquí lo que importa es la campaña del PVEM; esto es, los votos, sin considerar que de facto se instaura la pena de muerte, en un sistema que renuncia al concepto de reinserción social”, reprochó.

Uranga Muñoz presentó una reserva al dictamen para sustituir la pena vitalicia por una sanción máxima de cárcel de 60 años, pero la mayoría la desechó.

Además, casi toda la bancada perredista aprobó la reforma –sólo Víctor Castro Cosío, Ramón Jiménez y Rosendo Marín votaron en contra–, e incluso el diputado Emilio Serrano justificó la cadena perpetua a secuestradores, con el argumento de que ningún familiar de una víctima, que además es asesinada, felicitaría a los captores.

Preguntó: “¿Cómo reaccionaríamos si llegamos a la casa y nos encontramos que masacraron a la familia? ¿Daríamos un apretón de manos a los asesinos y les diríamos ‘no vuelvas a hacerlo’? ¿Les daríamos el derecho a la rehabilitación? ¡No! Debe existir el castigo vitalicio, pero también para quienes cometen crímenes de lesa humanidad, como ahora el caso de Felipe Calderón y los responsables del incendio en la guardería ABC”.