Editorial
Ver día anteriorLunes 21 de noviembre de 2011Ver día siguienteEdiciones anteriores
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España: avances y regresiones
E

l fenómeno más destacable de las elecciones realizadas ayer en España es la vasta fragmentación de los sufragios anteriormente orientados al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que sufrió una derrota sin precedente. Esa fragmentación benefició, en primer lugar, al derechista Partido Popular (PP), que volverá a ser gobierno después de siete años y medio en la oposición, pero permitió también grandes avances para Izquierda Unida (IU), que pasa de tener dos diputados a 11, así como a las formaciones nacionalistas Convergencia i Unió (CiU, catalana) y Amaiur (vasca).

El hundimiento del PSOE no es ninguna sorpresa, habida cuenta de la exasperación social que provocó, en estos tiempos recesivos, su manejo económico antipopular y empresarial, más propio del PP que de la plataforma socialista. Sorprende, en todo caso, que la formación derechista encabezada por Mariano Rajoy haya logrado sobreponerse a los sonados escándalos de corrupción que han florecido entre sus filas en años recientes –que lo exhiben como partido mafioso, en el que proliferan los tráficos de influencias y los intercambios ilícitos de favores– y que haya conseguido, pese a todo, cosechar en provecho propio el severo descalabro del PSOE. El dato es indicativo de la persistencia del conservadurismo y el autoritarismo impregnados en la sociedad española en las largas décadas de la dictadura franquista (1939-1976).

Tampoco es inesperado que un importante filón del electorado haya optado, ante el corrimiento hacia la derecha del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por fortalecer a la única opción de izquierda real en el ámbito español, que es IU.

Más allá de la rutinaria victoria de CiU en Cataluña, el factor más sorpresivo en los resultados de la jornada de ayer es, sin duda, el buen desempeño electoral de Amaiur, la coalición (formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba, Aralar e independientes) con la que la izquierda abertzale (nacionalista) vuelve al panorama político tras varios años de ilegalización de sus fórmulas partidistas por los gobiernos de Madrid. La coalición independentista logró 330 mil votos en el País Vasco (Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Alava), y con siete escaños en el Congreso español formará grupo parlamentario propio, siendo socialistas y populares los grandes derrotados en el ámbito vasco.

En retrospectiva, tal resultado confirma la validez de la izquierda abertzale de avanzar en su deslinde del militarismo etarra y de la decisión de la propia ETA de abandonar las armas en forma definitiva.

Por lo que hace al conjunto de España, la aplastante victoria del PP y la inminente llegada de Rajoy a La Moncloa no son buenas noticias. Previsiblemente, en el ámbito económico se profundizará el acento antipopular y antisocial del gobierno saliente, ahora con el impulso adicional de las exigencias planteadas por la Unión Europea en materia de disciplina fiscal y medidas de ajuste, y se llevará al gobierno a una actitud más pro empresarial de la que ha mantenido Rodríguez Zapatero. En lo social, es previsible que los populares intenten emprender, abrigados por la mayoría absoluta lograda ayer, nuevos ataques a las libertades individuales y los derechos de género y reproductivos, así como una nueva ofensiva centralista orientada a obstaculizar en forma más agresiva que hasta ahora los empeños de autodeterminación en el País Vasco y Cataluña.

Finalmente, para América Latina en general, y para México en particular, el nuevo gobierno del PP conlleva signos ominosos de fortalecimiento de la tradicional arrogancia neocolonial proyectada por Madrid hacia esta región del mundo, y que se traduce en respaldo activo a las posturas más antidemocráticas y reaccionarias, en el aliento a los intentos golpistas y en la defensa a ultranza –pasando con frecuencia por encima de derechos humanos, consideraciones ambientales y soberanías nacionales– de los intereses transnacionales españoles en Latinoamérica; particularmente, de las empresas energéticas y bancarias y de los conglomerados mediáticos.