Ciudad Juárez, Chih., 9 de noviembre. Dos días después de haber sido inaugurado, el memorial por las víctimas de feminicidio permanece cerrado y sin vigilancia. En el suelo están las fotografías tamaño cartel de ocho mujeres asesinadas, las cuales arrancó el viento.

Integrantes de la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana informaron que la inauguración fue una farsa, ya que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue erigir un monumento, no lo que las autoridades llaman memorial: un parque enrejado.

Del monumento les presentaron una maqueta, pero no se cumplió la orden del organismo internacional, insistieron.

Familiares de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, quienes presentaron la denuncia ante dicha corte, dijeron que el memorial fue utilizado para que los funcionarios se tomaran la foto y pedir el perdón, simulando así que cumplen con la orden del organismo internacional.

En cuanto los funcionarios salieron de las instalaciones, apuntaron, se pusieron candados en las rejas para evitar que ingresen otras personas.

El resolutivo 17 de la sentencia señala que el monumento es en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez.

Por tanto, se deben incorporar los nombres de todas las víctimas, desde 1993 hasta 2006 cuando menos, como ordenó el tribunal internacional en su sentencia del 10 de diciembre de 2009, afirmaron.

Agregaron que de los 13 resolutivos dictados por el tribunal internacional, el Estado mexicano sólo ha cumplido uno.

Recordaron que las madres de Herrera Monreal, Ramos Monárrez e Ivette González, de 15, 17 y 19 años, respectivamente, en el momento de su desaparición, reportaron la ausencia de las jóvenes, pero las autoridades nunca se esforzaron por localizarlas.

Sus cuerpos, junto con los de otras cinco jóvenes, fueron localizados en el lote conocido como campo algodonero los días 6 y 7 de noviembre de 2001.

Ante tal negligencia, Irma Monreal, Benita Monárrez y Josefina González, madres de las tres jóvenes, decidieron acudir ante dicha corte y tras ocho años de proceso, el 10 de diciembre de 2009 fue notificada la sentencia contra el Estado mexicano.