Dos años después de que se reformó la Constitución para establecer los salarios máximos de servidores públicos, el Senado aprobó ayer en comisiones la legislación reglamentaria que permitirá poner en marcha ese ordenamiento, encaminado a evitar que funcionarios de los tres niveles de gobierno dispongan de sueldos y prestaciones exorbitantes.

Se establecen fuertes sanciones –incluso penales–, que van de la destitución a la inhabilitación entre cuatro y 14 años, y hasta cinco años de prisión a quienes se adjudiquen salarios y prestaciones superiores a lo que dispone la legislación. El monto de la sanción es con base en el beneficio ilegal logrado.

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 constitucionales, establece que ningún funcionario podrá ganar más que el presidente de la República y que todos en la administración pública deberán regirse por manuales y tabuladores apegados estrictamente a lo que establece esa legislación.

Las secretarías de Hacienda y de la Función Pública deberán expedir el Manual de Percepciones ordinarias y extraordinarias. Asimismo, prohíbe a los ejecutores del gasto público federal que se clasifiquen como confidenciales las remuneraciones y sus tabuladores, y se les obliga a publicar las mismas en sus respectivas páginas de Internet.

La legislación señala la obligación de todas las dependencias de no conceder jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que se encuentren asignados por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Se prohíbe incluso conceder o cubrir liquida- ciones o compensación alguna en favor de los servidores públicos de elección popular al término de su mandato.

Con esta disposición quedan sin sustento las pensiones que ahora reciben los ex presidentes de la República.