Con polémica entre los consejeros electorales sobre el trato diferenciado a los grandes consorcios televisivos y las críticas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) porque se ha favorecido al duopolio, el Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral (IFE) avaló, con votación dividida, reducir los plazos de transmisión de espots a tres días, con excepción de las emisoras que tengan el domicilio legal diferente al lugar de difusión (repetidoras de Televisa y Televisión Azteca, principalmente), tal como se planteaba en la propuesta distribuida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

En un largo debate, se confrontaron principalmente los consejeros Benito Nacif y Alfredo Figueroa, cuyas posturas eran encontradas sobre los cambios al reglamento de radio y televisión. Nacif reivindicó como razón técnica que defendía el interés público al darle certeza al ofrecer un día extra a las emisoras que estén en el caso de excepción. Aseguró que con estos plazos se garantiza el objetivo central de la reforma reglamentaria que fijó el IFE desde un principio.

De las 487 emisoras en esta circunstancia, 378 pertenecen a las dos televisoras dominantes, las que, por el cúmulo de órdenes de transmisión que les llegarían, debería otorgárseles un día más para garantizar la salida al aire del promocional. “Dada la concentración de concesiones –dijo Nacif al defender el trato a las cadenas– los volúmenes de recambio son mayores” y, en consecuencia, se requiere mayor tiempo.

El argumento fue respondicio por el consejero Figueroa, quien consideró inadmisible el sustento legal para dar trato especial a las grandes cadenas de televisión, precisamente porque ya tienen el beneficio de poseer numerosas concesiones. Toda la televisión comercial tiene esta condición excepcional, además de que poseen 90 por ciento de la audiencia televisiva del país. Es válido que Televisa y Tv Azteca tengan interés económico, lo que no entiendo es cómo el área ejecutiva del IFE defienda, por encima del interés público, los intereses privados.

Un acuerdo de otro tipo

Irritado por las justificaciones de Nacif, presidente del comité, y su inclusión en la propuesta de reforma reglamentaria de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Figueroa afirmó que el argumento no se sostiene; hay títulos de concesión específicos que tienen beneficios y el IFE quiere darles mayores ventajas por el número de concesiones, no en favor de la igualdad, sino de una razón comercial. Hay una actitud de hacer pasar por razón técnica lo que claramente es un acuerdo de otro tipo.

El consejero Marco Antonio Baños reivindicó que desde la discusión para aprobar las reformas al reglamento que fueron revocadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debido a insuficiencias procedimentales, él había propuesto un esquema de tres días, y cuatro en casos excepcionales. A su juicio, razones técnicas justificaban el trato excepcional a las emisoras con domicilio diferente al lugar de transmisión, para garantizar la divulgación de los mensajes; hay que dar un voto de confianza a las áreas técnicas.

Sólo el PRD respaldó las críticas al trato obsequioso que se dará a las grandes cadenas televisivas. El perredista Fernando Vargas sostuvo: Nos preocupa el argumento que se utiliza, la concentración de concesiones. ¡Eso es monopolio! No podemos aceptar que los monopolios requieran atención especial, pues son los que mejor tecnología tienen. Es inaceptable dar un día más alegando que hay una concentración de concesiones.

Su correligionario Javier González resumió que se alega el trato igualitario y resulta que se trata como desiguales, precisamente a los más poderosos, Televisa y Televisión Azteca, mientras a las radios comunitarias se les mantienen los plazos generales.

Quienes argumentaron en contra de cualquier reforma reglamentaria fueron los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), al sostener que hay una prohibición constitucional de realizar modificaciones a la legislación electoral 90 días antes del inicio del proceso. Subrayaron que avalar cambios en el reglamento de radio y televisión sólo contribuiría a restar certeza al proceso.