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Solicita al Senado retirar declaración formulada por México en el Pacto de San José

Calderón, por proteger el derecho a la vida
 
Periódico La Jornada
Martes 27 de septiembre de 2011, p. 5

El presidente Felipe Calderón pidió ayer a la Cámara de Senadores retirar la Declaración Interpretativa formulada por el gobierno de México respecto del párrafo primero del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), conocida como Pacto de San José.

La convención prevé que la ley protegerá en general el derecho a la vida a partir de la concepción. La Declaración Interpretativa formulada por México fue en el sentido de que dicha disposición no constituye obligación de legislar para proteger la vida desde la concepción, dejando claro que los estados conservan el derecho de prever excepciones en su legislación, como es el caso de excluyentes de responsabilidad en rubros como aborto, petición que fue aplaudida por la dirigencia del PAN.

De acuerdo con Los Pinos, al retirar la declaración, México refrenda un compromiso con el derecho a la vida como un bien jurídicamente tutelado por el derecho mexicano.

Sin embargo, para Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), es una pésima movida política del Presidente, con la que busca ganar votos para el PAN y tratar de influir en la discusión que tiene lugar en la Corte sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Señaló que, jurídicamente, la propuesta calderonista carece de importancia, porque la CADH nunca estuvo orientada al reconocimiento del óvulo fecundado como un ser humano. Explicó que el tema ni siquiera formó parte de los trabajos preparatorios. Por eso, el instrumento se refiere a la protección de la vida desde la concepción en general, es decir, no se considera que exista un derecho absoluto del embrión y menos aún si eso significa pasar por encima de los derechos reproductivos de las mujeres.

Afirmó finalmente que la información difundida anoche por la Presidencia refleja la preocupación de los panistas ante la posibilidad de que los ministros de la Corte dictaminen en contra de las reformas a las Constituciones de Baja California y San Luis Potosí.