Madrid, 19 de septiembre. Aquí o donde me toque ir, pero voy a seguir luchando por mi país, por la paz y por las soluciones democráticas, y no voy a eludir ni la justicia ni mucho menos esos objetivos, dijo hoy al reingresar a prisión Rafa Díez Usabiaga, el ex secretario general del sindicato nacionalista LAB.

Díez Usabiaga, junto con otros cuatro líderes de la izquierda abertzale (nacionalista), fue condenado el viernes pasado por la Audiencia Nacional de España a 10 años de prisión por el supuesto intento de reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo las órdenes de ETA.

El líder sindicalista, quien fue trasladado a la cárcel de alta seguridad de Soto del Real, era el único de los cinco condenados que permanecía en libertad, luego de que Arnaldo Otegi, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto están presos desde octubre de 2009, cuando el entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, instruyó el caso denominado Bateragune (sobre la supuesta reconstrucción de Batasuna). El magistrado español se encuentra inhabilitado temporalmente por tener tres graves expedientes abiertos por supuesta prevaricación.

Estuvo libre bajo fianza

El histórico sindicalista, quien junto a Otegi lideró dentro de la izquierda abertzale una refundación ideológica y estratégica bajo la máxima del rechazo a la violencia de ETA, se encontraba en libertad bajo fianza de 30 mil euros (510 mil pesos mexicanos). Díez Usabiaga, con su madre enferma de cáncer, había solicitado su liberación para atenderla durante su padecimiento, a lo que accedió un juez. Sin embargo, el mismo tribunal que lo condenó a 10 años de cárcel y de inhabilitación para un cargo público, presidido por la juez Angela Murillo, decidió ordenar su ingreso en la cárcel sin derecho a fianza y comunicada.

El argumento del tribunal fue el alto riesgo de fuga y la gravedad de los hechos perpetrados, la elevada penalidad que se ha impuesto al acusado y la variación de la concepción sobre su conducta.

La juez que preside el tribunal, Murillo, fue la misma que dictó la sentencia condenatoria contra Otegi que luego fue anulada por el Tribunal Supremo al mostrar, en el juicio, parcialidad manifiesta que dejó al acusado en una situación de indefensión grave.

Mientras, en el País Vasco continuaron las protestas, iniciadas el pasado sábado en San Sebastián. Esta vez se registraron decenas de actos reivindicativos y protestas simbólicas para denunciar el ataque al líder sindical, considerado en la región un referente en la lucha de los derechos laborales de los trabajadores vascos.