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Pemex, operación cuestionada
Advierte Observatorio de Multinacionales que Sacyr tiene problemas financieros

Critica OMAL que la directiva de Repsol y el gobierno hispano defiendan la españolidad de la firma

Gran deuda ecológica del Estado español con los países en los que se extraen los hidrocarburos

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Trabajadores de Repsol en las instalaciones de la refinería en Tarragona, EspañaFoto Ap
 
Periódico La Jornada
Jueves 8 de septiembre de 2011, p. 4

El Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) criticó todo el revuelo generado en España porque Pemex duplicó su participación accionaria en la petrolera Repsol y cuestionó que la directiva de esta empresa y el gobierno de España defiendan su españolidad. Advirtió que a Sacyr, la empresa con la que se alió la paraestatal mexicana, le urge renegociar un crédito de 5 mil millones de euros antes de que concluya el año.

Creado en 2003 por la asociación española Paz con Dignidad, OMAL investiga y denuncia las consecuencias económicas, políticas y sociales que acarrea la presencia de las empresas trasnacionales españolas en América Latina, mismas que surgieron con la privatización de compañías públicas en la nación ibérica, pero cuyo crecimiento y consolidación se ha dado en las naciones latinoamericanas, como es el caso de México.

¿Cuál es la españolidad de Repsol?, cuestionó la organización, al precisar que sólo uno por ciento de la reserva de hidrocarburos de Repsol se ubica en España, mientras que tiene 4 por ciento de la producción de toda Europa y 5 por ciento de la exploración en América Latina.

Si bien es verdad que 78 por ciento de los ingresos por refinamiento y venta los obtiene de Europa y principalmente de España, dichos porcentajes informan de la deuda ecológica que ha adquirido el Estado español en los países donde se extraen los hidrocarburos y de los que OMAL ha dado seguimiento en varios naciones latinoamericanas.

Si la españolidad de Repsol se considera por su capital, sólo 33 por ciento pertenece a accionistas estables de origen español, mientras 31 por ciento es capital español flotante, sometido a la libre cotización en los mercados de valores o bien inversiones institucionales tipo fondos de inversión, de pensiones y compañías de seguros que se dedican a la compra y venta de activos con fines especulativos, así que, según vayan los mercados, pueden cambiar de nacionalidad en un abrir y cerrar de ojos, respondió OMAL a La Jornada al buscar su opinión sobre el tema.

Como tercera posibilidad, mencionó que si es catalogada como empresa española por la repatriación de beneficios y el pago de impuestos al Estado español, Repsol es la segunda empresa de ese país que más presencia tiene en paraísos fiscales (13 en total), donde minimiza el pago de impuestos.

Así que para OMAL, la defensa de la españolidad de la multinacional es más un revuelo político que económico, donde las transacciones recientes y acuerdos entre Sacyr y Pemex, en un bando, y de la Caixa, en el otro, forman parte de una pugna de intereses capitalistas para el control de la compañía.

Erika González, investigadora de OMAL, refirió en el análisis enviado a este diario que antes de unirse a Pemex para votar en el mismo sentido, Sacyr, que controla 20 por ciento de las acciones de Repsol desde hace algunos años, trató de hacer alianza con otras compañías: la india Essar, la china Snipec e incluso la rusa Lukoil.

Los intereses de Sacyr en esta pugna son bastante claros: tiene que renegociar un crédito de casi 5 mil millones de euros que vence el 21 de diciembre de este año. Así, el control sobre la dirección ejecutiva, actualmente afín a la Caixa le permitiría lo que no ha conseguido hasta el momento: manejar la política de desinversiones y la posibilidad de una oferta pública de adquisición (OPA) total o parcial sobre la compañía. En definitiva, obtener enormes ingresos.

Los únicos que van a perder, indicó, son las mayorías sociales de los países donde se encuentra Repsol, porque es una empresa que se ha caracterizado por la evasión de impuestos, la precarización laboral en su política de subcontratación y los impactos ambientales, culturales y sociales que genera con su actividad extractiva.