La banca comercial comenzó a reducir de manera consistente el crédito a estados y municipios, que tuvo en junio el menor crecimiento anual en cuatro años, mientras las autoridades iniciaron un proceso para reforzar la regulación en el financiamiento privado a estas entidades, que han alcanzado niveles históricos de endeudamiento, indicaron datos oficiales.

En junio de este año, información disponible más reciente, el crédito de la banca comercial a estados y municipios alcanzó 203 mil 67 millones de pesos, cantidad que representó 8.9 por ciento del total del crédito bancario privado. La suma significó un incremento de 6.7 por ciento respecto del nivel registrado un año antes, pero fue superior en 329 por ciento a la reportada para el cierre de 2006, de acuerdo con datos del Banco de México.

La tasa de crecimiento en el crédito de la banca comercial a estados y municipios, de 6.6 por ciento anual en junio de este año, mostró una marcada desaceleración respecto de la dinámica observada en los meses precedentes, añadió la información del banco central.

En junio de 2010, el crédito otorgado por la banca privada a los estados y municipios del país crecía a una tasa anual de 14.3 por ciento, más del doble de la registrada en el mismo mes de este año, según los datos del Banco de México.

La tasa de crecimiento acumulado anual de junio de este año es la más baja desde julio de 2007, cuando el incremento en los préstamos de la banca privada a los gobiernos estatales y municipales aumentó a un ritmo de 6.8 por ciento anual.

En este periodo se llegaron a registrar aumentos en la colocación de crédito bancario a gobiernos de entidades federativas y municipios hasta de 97 por ciento anual, como ocurrió en marzo de 2010.

El 24 de junio pasado, el organismo que reúne a todas las autoridades financieras del país decidió poner bajo vigilancia la deuda contraída por estados y municipios, tipo de obligación financiera cuyo monto se disparó en años recientes.

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), que reúne a las autoridades del sector, decidió en la última semana de junio poner en práctica medidas para mejorar la transparencia de la deuda contratada por entidades federativas y municipios, luego de que encontró inconsistencias en los datos ofrecidos por las administraciones locales.

A partir de entonces, el tema ha crecido hasta llegar a la disputa entre el partido gobernante y el principal de la oposición, el Partido Revolucionario Institucional, sobre la forma en que algunos gobiernos estatales han elevado su nivel de deuda.

Los datos que los estados y municipios reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dan cuenta de un nivel de endeudamiento menor al que los propios intermediarios financieros informan a la misma autoridad, según un reporte del CESF.

El CESF, creado para dar seguimiento a los factores que pudieran poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional y causar una crisis, está integrado por: la SHCP, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El consejo analizó la evolución de la deuda de las entidades federativas, de los municipios y de sus organismos desconcentrados. Al respecto, y de acuerdo con el Registro de Obligaciones Financieras y Empréstitos de la Secretaría de Hacienda, el endeudamiento de estas entidades (total y no sólo con la banca comercial) se ubicó en 314 mil 428 millones de pesos al cierre de marzo de 2011. Sin embargo, la información preliminar sobre este endeudamiento proporcionada para la misma fecha a las autoridades financieras por los propios intermediarios financieros, así como la proveniente de la emisión de valores, sitúa dicha cifra en 363 mil 422 millones de pesos, indicó el CESF en un comunicado publicado el 24 de junio pasado.

Las autoridades regulatorias iniciaron un proceso para reforzar la supervisión sobre los créditos otorgados por la banca comercial a estados y municipios, que en su mayoría están garantizados por participaciones que hace la Federación, según pudo confirmar La Jornada este miércoles.