El hecho de que el pasado 12 de agosto la Procuraduría General de Justicia Militar haya remitido a la Procuraduría General de la República el caso de las indígenas guerrerenses Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas y torturadas por elementos del Ejército Mexicano en 2002, no sólo es un triunfo para las víctimas, sino también un paso importante para transferir a cortes civiles más casos de ataques a los derechos humanos cometidos por militares.

Así lo afirmó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), que festejó este hecho como un paso en dirección a la justicia para ambas mujeres, cuyos casos ameritaron un par de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, en agosto del año pasado.

Además de significar una victoria para estas mujeres, que han luchado durante más de nueve años por la justicia, esta decisión marca un paso importante para transferir a tribunales civiles casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares, subrayó la organización en un comunicado de prensa.

Maureen Meyer, coordinadora principal del programa de México y Centroamérica de WOLA, afirmó que, históricamente, la Procuraduría General de Justicia Militar no ha castigado a los elementos castrenses que cometen violaciones contra civiles, lo que ha dejado a muchas víctimas sin justicia.

Por ello, celebró que el caso de las indígenas de Guerrero siente un precedente histórico sobre cómo se van a manejar las transgresiones a las garantías fundamentales por miembros de las fuerzas armadas mexicanas.

El colectivo estadunidense recordó que hace un año la CIDH emitió dos fallos –uno por Rosendo y otro por Fernández– en los que se obliga al Estado mexicano a transferir sus casos a la justicia civil, sin que las autoridades nacionales cumplieran dicha sentencia. Sin embargo, el pasado 12 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que todos los abusos a las garantías individuales cometidos por militares contra civiles deben ser analizados y juzgados por tribunales regulares.

Esta decisión es un paso adelante para poner fin a la impunidad que ha perdurado ante los abusos cometidas por militares en México, indicó Meyer.