Luego de cinco años de litigio, el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo con sede en la ciudad de México ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reinstalar a César Augusto Osorio y Nieto, ex director general de investigaciones ministeriales B de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), quien, de acuerdo con el expediente del laudo laboral, fue despedido injustificadamente durante la gestión de Ignacio Carrillo Prieto al frente de esa fiscalía.

Mediante un juicio de amparo directo, la PGR intentó evadir la responsabilidad de reinstalar a Osorio y Nieto, como había determinado la sala cuarta del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 2 de julio de 2010, dentro del juicio laboral con el número 2603/2006, en el cual el servidor público señaló que había sido afectado en sus derechos, particularmente las garantías consagradas en los artículos 14, 16, 123 apartado B y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El caso se inició judicialmente el 31 de julio de 2006, aunque formalmente el 28 de marzo de 2005 ocurrió el despido. Ignacio Carrillo Prieto ordenó a los policías que no se me permitiera la entrada a la fiscalía. Aprovechó que salí a comer para no dejarme sacar mis objetos personales ni darme explicación alguna. Solamente que había sido despedido, señaló César Osorio a La Jornada.

El texto del laudo menciona que el 28 de marzo (César Osorio) se presentó a laborar a las nueve horas y se retiró a las 15:30 horas. Al regresar, a las 18 horas, se le impidió el paso por elementos de seguridad que resguardan el acceso a las instalaciones, y en su lugar se dispuso a José Manuel Ruiz Jiménez como encargado de despacho en la dirección general de investigaciones B. Osorio y Nieto tenía bajo su responsabilidad, entre otros casos, la integración de las investigaciones relacionadas con la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.

A partir del 28 de marzo de 2005, personal de recursos humanos ejerció presión moral para que presentara su renuncia, señala el expediente del caso.

Mediante distintos recursos legales la PGR pretendió evitar el pago de las prestaciones reclamadas, que incluía salarios caídos desde su cese hasta el día en que se resolviera el litio, pago de primas vacacionales, aguinaldo, la entrega de la llamada hoja única de servicios y las constancias de la entrega que la Procuraduría General de la República hizo de sus aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.

El 18 de mayo de 2009 la sala dictó un primer laudo, favorable a la PGR; sin embargo, Osorio y Nieto promovió un recurso de amparo que le fue aceptado por las autoridades judiciales en la materia y se decretó la procedencia de sus demandas.

Finalmente, el pasado 23 de junio el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo con sede en la ciudad de México determinó por unanimidad de los magistrados Antonio Rebollo Torres, Herlinda Flores Irene y Roberto Ruiz Martínez que César Osorio y Nieto debe ser reinstalado en su cargo y la PGR debe pagar sus salarios y demás prestaciones.