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Señala la procuraduría que estarían involucrados en la muerte de 19 personas en Chalco

Capturan en el estado de México a 13 presuntos integrantes de La Familia

Un jefe policiaco municipal y un ex militar, entre los detenidos en los operativos, afirma

 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de julio de 2011, p. 17

La Procuraduría General de Justicia del estado de México dio a conocer este miércoles que aprehendió a 13 presuntos integrantes del grupo criminal La Familia, que estarían involucrados en los asesinatos de 19 personas en el municipio de Valle de Chalco, ocurridos los pasados 26 de junio y 8 de julio.

Entre los detenidos se encuentra el subdirector operativo de la policía municipal de dicha demarcación, Fernando Pérez Delgado, alias La Morsa, y Javier Monroy Flores, La Parca, ex militar e integrante del cuerpo de Guardias Presidenciales.

El procurador mexiquense, Alfredo Castillo Cervantes, informó que estos sujetos fueron arrestados en diversos operativos efectuados en el Valle de México. Indicó que a los aprehendidos se les decomisaron seis vehículos que tenían compartimentos para ocultar droga, una escopeta 12 milímetros, seis pistolas, más de 100 cartuchos y casi 30 kilogramos de mariguana.

Según el procurador, Pérez Delgado era líder de La Familia en Valle de Chalco. Sostuvo que La Morsa controlaba la distribución y comercialización de estupefacientes en la zona, y cobraba a comerciantes derecho de piso.

Agregó que con ayuda de efectivos de la policía de Valle de Chalco, Fernando Pérez también brindaba protección a narcomenudistas, y hostigaban a integrantes de Los Caballeros Templarios –banda escindida de La Familia– vendedores de drogas.

Castillo Cervantes afirmó que el ex militar conocido como La Parca desertó hace seis años del Ejército Mexicano y se incorporó a La Familia. Operaba en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, así como en los municipios mexiquenses de La Paz y Nezahualcóyotl, donde organizaba la venta de estupefacientes.

Denuncian tortura y reportan 24 crímenes

En Tepic, Nayarit, ayer fue hallado un automóvil que tenía en su interior una granada de fragmentación, vehículo que estaba estacionado justo en una esquina del palacio de gobierno estatal. Efectivos militares acordonaron la zona, y cuando sacaban la granada de la unidad, llegó al sitio el particular Rogelio Díaz, quien dijo ser propietario del automotor, por lo cual fue aprehendido. Fuentes no oficiales sostuvieron que el detenido se gana la vida como pepenador, y un hijo suyo halló el artefacto explosivo.

En este contexto, se documentaron en cinco entidades los asesinatos de 24 personas, crímenes que tendrían vínculos con la delincuencia organizada. Doce homicidios ocurrieron en Chihuahua, siete en Guerrero, dos en Durango, dos en Jalisco y uno en Nuevo León.

Mientras, en la capital de Aguascalientes, Silverio Hernández Medina, abogado de cinco policías municipales que fueron arraigados por la Procuraduría de esa entidad, acusados de vínculos con la delincuencia organizada, aseguró que policías ministeriales torturan desde el 6 de julio anterior a sus defendidos Hugo Loza, Arturo Lomelí, Vicente Picazo, Héctor Gabriel Soriano y Martín Picazo, para que firmen documentos que los involucrarían con diversos crímenes.

En el parque industrial Benito Juárez, de la capital de Querétaro, efectivos militares descubrieron con un detector casi 35 mil costales cargados con precursores químicos para elaborar droga sintética, lo que constituye el tercer descubrimiento similar en la entidad en este mes. Elementos castrenses asimismo hallaron un laboratorio subterráneo en el municipio de Elota, Sinaloa, donde se procesaban drogas sintéticas.

En tanto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, exigió que el ex comandante de la 24 Zona Militar, Leopoldo Díaz Pérez, actualmente retirado de esa jurisdicción, que responda por la desaparición forzosa del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, ocurrida a principios de mayo pasado. Asimismo, relacionó a Díaz Pérez con las 35 quejas que la CEDH recibió contra militares durante 2010.