La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al Estado mexicano en el caso Campo Algodonero refleja uno de los mecanismos de justicia más decisivos para la recuperación de las mujeres que han sido víctimas de violencia y sienta un precedente en todo el mundo porque se centra en las víctimas y no en los criminales, aseguró Joanne Sandler, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres (antes Unifem), en entrevista a propósito de la presentación, este miércoles, del reporte El progreso de las mujeres en el mundo: en busca de la justicia, y confió en que el gobierno de México pueda mostrar avances en esa dirección.

“Es un tema que tratamos de visibilizar: centrar la justicia en la persona que ha experimentado la violación, y esta visión de ‘reparar’ a las víctimas es una idea nueva que exploramos ya en otros países donde las mujeres han experimentado violaciones muy graves a sus derechos y los perpetradores del crimen tienen una impunidad casi completa; es necesaria una compensación para las víctimas y sus familias”, señaló.

En noviembre de 2009 la Coidh condenó al Estado mexicano a reconocer que violó los derechos humanos de tres mujeres asesinadas en la región denominada Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001, así como de sus madres y sus familias y declaró, por primera vez, violaciones directas a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).

En relación con las reparaciones, señaló que el Estado debe conducir eficazmente el proceso penal, implementar programas de capacitación para funcionarios públicos, brindar atención médica y sicológica gratuita a familiares de las víctimas si así lo desearan, así como investigar a los funcionarios públicos acusados de irregularidades y sancionarlos.

El reporte –que será presentado a escala mundial en Nueva York, sede del organismo– es el primer balance que realiza la entidad encabezada por la ex presidenta chilena Michelle Bachelet sobre “dónde estamos en la vía a la equidad de género y el empoderamiento de la mujer”.

El volumen advierte que a pesar de que la igualdad entre hombres y mujeres está consagrada en las constituciones de 139 países, la falta de leyes adecuadas y la infraestructura judicial –policía, tribunales y judicatura– han convertido estas garantías en promesas vacías que tienen poco impacto en la vida cotidiana de las mujeres.

Ejemplo de ello, dijo Sandler, es que en América Latina 97 por ciento de los países cuentan con leyes contra la violencia doméstica, pero la mitad carecen de leyes explícitas para penalizar la violación conyugal.

La inequidad de sueldos, el trabajo sin la protección de las leyes laborales y el matrimonio a edades tempranas son también signos frecuentes de la injusticia que enfrentan las mujeres en los países analizados en el reporte (prácticamente todos aquellos donde la ONU tiene presencia, unos 190).

Las cifras presentadas son un abanico de contrastes: mientras 117 países han promulgado leyes que garantizan la igualdad de remuneración, la brecha salarial entre hombres y mujeres se encuentra entre 10 y 30 por ciento.

Las números optimistas reportan que 173 países garantizan la licencia de maternidad con goce de sueldo. En contraparte, 61 países restringen severamente el derecho de las mujeres al aborto, coartando sus derechos sexuales y reproductivos.

La directora adjunta de ONU Mujeres afirmó que con el reconocimiento de los progresos alcanzados se busca poner en marcha las prácticas que han dado resultado, para lo cual el reporte presenta 10 recomendaciones.

Sandler destacó las que se refieren a la creación de estaciones de policía con mujeres al frente para fomentar un mayor número de denuncias, así como el impulso a las ventanillas únicas donde las mujeres pueden acceder a todos los servicios que necesitan para seguir un proceso judicial: personal médico especializado, trabajadores sociales y personal de policía, medidas que han sido adoptadas con éxito en países latinoamericanos desde hace varios años.

Subrayó la urgencia de capacitar a jueces y policías en materia de derechos humanos de las mujeres para que tengan capacidad de entender los riesgos que las mujeres enfrentan, cómo protegerlas y cómo prevenir delitos en su contra.

La funcionaria señaló que la implementación de estas y otras medidas requiere de una gran inversión. Queremos que los gobiernos vean que expandir el acceso a la justicia a las mujeres es posible. Hay ejemplos en todas partes del mundo.