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Señala el organismo que actuó en el momento en que se difundió el ataque contra los menores

Emprende la CNDH queja de oficio por violaciones de niños en kínder de Iztapalapa

Las autoridades educativas deben velar en todo momento por la seguridad de los infantes, dice

 
Periódico La Jornada
Lunes 27 de junio de 2011, p. 38

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que inició una queja de oficio por los hechos ocurridos en el jardín de niños Andrés Oscoy Rodríguez, ubicado en la delegación Iztapalapa, donde se acusa a un empleado de abusar sexualmente de escolares.

El órgano nacional de defensa de los derechos humanos dijo que está en contacto con las víctimas, a las que ha ofrecido apoyo y orientación sicológica y jurídica, y subraya que, desde que trascendió este suceso, en la segunda semana del mes en curso, de inmediato la CNDH hizo una queja de oficio.

Resalta la CNDH que, de acuerdo con las notas periodísticas publicadas en diversos medios de comunicación, existe una averiguación previa contra el presunto responsable, que fue consignado al juez séptimo de distrito de procesos penales en el Distrito Federal y posteriormente trasladado al Reclusorio Sur.

La CNDH no cita el nombre del presunto responsable de los abusos sexuales contra menores, pero la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, mediante comunicados de prensa emitidos la semana pasada, dieron cuenta de que el conserje de ese jardín de niños, Saúl Blancas Tamayo, fue detenido e ingresado al Reclusorio Sur como presunto responsable de las agresiones.

La directora de ese plantel, María de la Luz Cano Martínez, fue detenida por una horas y rindió declaración de los hechos ocurridos en el plantel que está a su cargo.

La CNDH destacó que tanto las leyes mexicanas como los tratados internacionales en materia de derechos humanos obligan a las autoridades, incluyendo a las encargadas de la educación, a ejercer sus funciones salvaguardando la integridad física de los estudiantes con estricto apego a derecho.

Añade que las autoridades educativas están obligadas a realizar sus funciones, observando en todo tiempo el principio de interés superior del menor y demás principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos de los Niños.

Indicó que efectúa las investigaciones correspondientes y después del análisis y valoración de las evidencias, emitirá la resolución que conforme a derecho proceda en este caso.