El Poder Legislativo en los ámbitos federal y en los locales está obligado a revisar el marco jurídico en torno a la no discriminación, con el objetivo de garantizar el libre ejercicio de los derechos de cualquier ciudadano.

Al celebrarse el Encuentro nacional de comisiones que atienden el tema de la no discriminación, el presidente del Conapred, Ricardo Bucio, advirtió sobre las omisiones respecto a dicho sector de la población al momento de ejercer sus derechos políticos y emitir su voto.

Estamos en un diálogo con los consejeros para establecer los mecanismos y hacer que las elecciones de 2012 tengan un eje de igualdad. Hay buena disposición del Consejo General del IFE para que podamos establecer un acuerdo explícito y garantizar la igualdad en las elecciones federales en cuanto a la información y accesibilidad a las casillas. Las elecciones deben ayudarnos a mejorar las condiciones de igualdad en el país.

Si bien, reconoció, se han implementado mecanismos para que las personas puedan acceder al voto, aún se carece de boletas en Braille, facilidad de acceso a casillas y mamparas para votar.

El funcionario reconoció que 17 estados en el país ya cuentan con una ley contra la discriminación, y restan 15 entidades que castiguen estas prácticas; no obstante, las entidades que ya cuentan con la legislación no tienen los organismos necesarios y tampoco hay presupuesto. En el caso del proceso electoral federal de 2012, Bucio consideró que es necesaria la participación social.

Mientras la ciudadanía no ejerza su derecho y presione para poder hacerlo, aunque se establezcan los mecanismos adecuados, no va a haber posibilidad que de que el voto de las personas con discapacidad cuente de manera adecuada.

En su turno, la presidenta de la Comisión Especial sobre la No Discriminación, Claudia Edith Anaya Mota (PRD), sostuvo que este problema es un acto que lacera al país, “limita su desarrollo y hace más propensa la desigualdad entre las personas… es urgente armonizar las leyes con perspectiva transversal; se requieren marcos jurídicos específicos que protejan a todos los grupos vulnerables.”

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, Rosario Ibarra de Piedra (PT), adujo que es necesario dotar al Conapred de mayor autonomía y atribuciones más claras que le permitan prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias.