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Crítica, la situación general de esos acervos, alerta el historiador

Florescano apremia a diputados a aprobar la ley de archivos

Se trata de conservar mejor la memoria histórica del país, dice

El AGN pasaría de ser órgano desconcentrado a organismo descentralizado

 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2011, p. 8

A mes y medio de que más de 300 investigadores encabezados por Enrique Florescano solicitaron a la Cámara de Diputados la aprobación de la Ley Federal de Archivos, la cual a su vez ya fue aprobada por el Senado desde el año pasado, ahora el historiador llama a los legisladores a apresurar los trabajos.

Lo que nos preocupa es que la situación general de los archivos del país es crítica, dice en entrevista, y pide a los legisladores de todos los partidos que perciban que se trata de una demanda de interés nacional; no estamos tratando de fortalecer una institución, sino de conservar mejor la memoria histórica de la nación.

Florescano destaca que, de manera paradójica, desde 2002 se creó la Ley Federal de Transparencia, que de hecho obliga a todo el gobierno a llevar un ordenamiento de todos sus archivos, y ponerlos a la consulta de todos los ciudadanos.

Para ello, agrega el investigador, se requiere de archivos organizados, bien clasificados y conservados. Y eso es, advierte, el gran déficit de este país en los ámbitos federal, estatal y municipal.

Profesionalización de archivistas

De aprobarse la Ley Federal de Archivos, resalta Enrique Florescano, se avanzaría en muchos aspectos, como la situación del Archivo General de la Nación (AGN), encargado de la archivística del país y el más importante de América Latina.

Por ejemplo, el AGN dejaría de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación para convertirse en un ”organismo descentralizado”, autónomo, con personalidad jurídica, políticas y asignación y manejo de recursos propios, que podría estar como parte de la Secretaría de Educación Pública.

Además, menciona, el responsable sería designado de manera directa por el presidente de la República, y habría un consejo consultivo de especialistas que vigilarían el correcto funcionamiento en el manejo de los archivos del país. El AGN tiene un consejo, aclara, pero sin reconocimiento jurídico.

En la nueva situación del AGN, continúa, habría una coordinación adecuada con los tres poderes, con el Sistema Nacional de Archivos y, sobre todo, habría una normatividad general para la conservación de los archivos en todo el país.

Recuerda que después de un determinado tiempo, una parte importante de cualquier archivo administrativo deja de ser actual y se vuelve archivo histórico, mientras el resto se convierte en archivo muerto y es destruido.

Ese enorme trabajo de depuración, abunda, requiere antes que nada una lesgislación que diga cómo se va a regular dicho archivo, y después se requiere de expertos que lo manejen de manera adecuada, lo cual se hace ahora más complejo ante las nuevas tecnologías y los soportes y formatos actuales.

Señala que la falta de legislación y depuración también genera más gastos ante la necesidad de rentar bodegas para su ubicación, donde por lo general las condiciones no son adecuadas y los documentos se deterioran.

Se calcula que hay más de mil kilómetros lineales de archivos, nada más de la administración pública federal, comenta Florescano. Por todo ello, otro aspecto que menciona como necesario es la capacitación y profesionalización de archivistas.

Dijo además que el antiguo Palacio de Lecumberri, actual sede del AGN, ya cumplió su ciclo y se necesita un edificio nuevo, a la altura de los nuevos requerimentos técnicos y arquitectónicos.

Recuerda que desde 2009 se pidió un presupuesto de más de 350 millones de pesos, con el que se podría construir un nuevo edificio del AGN, a un costado de Lecumberri, pero sólo se asignaron 25 millones. Ahora Gobernación se comprometió a ver si se conseguían 100 millones, agrega, pero resultarían insuficientes.

Por todas esas razones necesitamos que la ley se apruebe y los diputados colaboren, puesto que el Senado ya la aprobó, dijo el historiador.

La primera solicitud de aprobación de la Ley Federal de Archivos de los investigadores a los diputados se realizó el 7 de abril pasado mediante una carta, escrita por Florescano y firmada por más de 300 historiadores, antropólogos y otros especialistas.

Entre ellos firmaron Virginia García Acosta, Soledad Loaeza, Lorenzo Meyer, Ariel Rodríguez Kuri, Jean Meyer, Josefina Zoraida Vázquez, José Antonio Agui-lar Rivera, Álvaro Matute Aguirre, Ricardo Pérez Montfort, John Womack y Antonio García de León.