Días antes de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concediera el amparo a la maestra Magdalena Rufina García Soto, en contra de la sentencia de seis años de prisión por el delito de violación equiparada en contra de un menor, cometido en el Instituto San Felipe de la Ciudad de Oaxaca, en los escritorios de los 11 ministros apareció de repente el expediente de la clínica Oceánica de la madre de la víctima, Leticia Valdés Martell.

Fuentes judiciales consultadas precisaron que dicho documento no forma parte del expediente de la causa y que por tanto no pudo ser solicitado por ninguna autoridad judicial.

Precisaron que la extracción, sin permiso, de un expediente médico es ilegal y que si se comprueba la veracidad del documento, que es el mismo que fue difundido ayer en un medio impreso, la señora Valdés Martell está en todo su derecho de iniciar una demanda penal en contra de quien resulte responsable.

De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, los 11 ministros recibieron en sus oficinas del máximo tribunal el expediente citado, sin que nadie se hiciera responsable por la entrega del mismo.

Y aunque todos los ministros recibieron el documento, algunos de ellos cuando vieron que se trataba de una estrategia para desacreditar la acusación por violación equiparada en contra de la maestra García Soto, optaron por ni siquiera leer su contenido.

Sin embargo, los ministros reconocieron que por la forma como llegó el documento a sus escritorios, es un hecho de que quien lo hizo fue una persona que conoce los vericuetos de la Corte y a los funcionarios más cercanos de los ministros.

Los funcionarios consultados coincidieron también en que la maniobra del expediente fue reprobable, porque el asunto que revisó la Corte tenía que ver únicamente con la violación de un menor que tenía cuatro de años de edad al momento de la agresión, y no sobre la conducta o situación de la madre.

Por su parte, la señora Valdés, al conocer que en algunos medios de información se hizo público el citado expediente, pidió una disculpa pública a dichos medios, por haber dado a conocer un supuesto expediente que contiene información falsa sobre su persona, o de lo contrario, dijo en entrevista con éste diario, interpondrá una denuncia por difamación y daño moral.

Entrevistada en la ciudad de Oaxaca, añadió que el documento filtrado carece de veracidad, porque si bien recibió tratamiento en esa clínica, fue por crisis de angustia o ataque de pánico, mas no por adicción a las drogas o al alcohol.

Eso es una bajeza, una vileza de los delincuentes a quienes me he enfrentado. Los ataques de pánico no solamente los sufrí yo sino cualquier persona y gracias a Dios, los he superado, señaló.

Destacó que su estancia en la clínica de rehabilitación no debería ser el tema periodístico de esos medios, sino la indebida libertad otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la profesora García Soto, cómplice de los pederastas, el también docente Adán Salvador Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la directora del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez. Sostuvo que el supuesto expediente de Oceánica fue ofrecido a otros medios de comunicación por los abogados José Luis Nassar Daw y Alfonso Humberto Castillejos, defensores de la profesora García Soto, para ser publicados con el fin de difamarla y denostar su lucha.

Me han hablado de varios medios de comunicación y me han contado eso; afortunadamente son personas honestas y profesionales y no se prestaron a ese juego sucio, asentó.