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Solicitan analizar la negativa de amparo

Abogados de Cassez recurren a la SCJN
 
Periódico La Jornada
Martes 8 de marzo de 2011, p. 7

Los abogados de Florence Cassez presentaron este lunes un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el objeto de que sea analizado el fallo del tribunal colegiado que el mes pasado le negó un amparo y ratificó la sentencia de 60 años de prisión que enfrenta la ciudadana francesa por el delito de secuestro, informó ayer Agustín Acosta, abogado en México de la mujer.

La petición de la francesa, a la que tiene derecho pues alega cuestiones de constitucionalidad que no analizaron los tres magistrados del tribunal colegiado, será revisada por la primera sala de la Corte.

En febrero pasado, Carlos Hugo Luna Ramos, Ricardo Ojeda Bohórquez y Manuel Bárcena, magistrados del séptimo tribunal colegiado en materia penal de la ciudad de México, consideraron que Cassez es penalmente responsable de tres secuestros cometidos durante 2005.

En el amparo, negado el pasado 10 de febrero, Cassez no atacó la inconstitucionalidad de ninguna norma, pese a que el máximo tribunal sólo admite conocer las revisiones cuando se reclama la constitucionalidad de alguna ley aplicada al inculpado.

El planteamiento que los abogados defensores de Florence expusieron ante la Corte refiere que diversos artículos constitucionales no fueron debidamente interpretados por los magistrados del tribunal colegiado que negaron el amparo.

Por ejemplo, la defensa aseguró a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que la retención prolongada de la quejosa, tras su captura en flagrancia, así como la no valoración de pruebas como el video en que se aprecia un operativo montado de su detención y los procedimientos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), contravienen los artículos 16, 17 y 21 de la Constitución.

En caso de que la SCJN emitiera un fallo adverso a Florence Cassez, todavía tendría la posibilidad de llevar su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque un juicio de esa índole tardaría al menos cinco años en desahogarse.