Ana Saíz Valenzuela, directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señaló que si bien la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, aprobada ayer por el Senado, es un avance, quedan pendientes, como dejar claras las atribuciones de las autoridades estatales y municipales.

En entrevista, expresó que, aunque técnicamente se llama ley general y eso deja una puerta abierta para que aplique en todos los ámbitos, las atribuciones que están claramente señaladas en ella son para autoridades federales.

Saíz Valencuela celebró que con la nueva norma el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad (Conadis) no dependa más de la Secretaría de Salud y deje atrás el enfoque médico-asistencial con que venía operando.

En esta transición, el Conadis va un paso más allá y tendrá mayores atribuciones, visibilidad y mejores maneras de implementar políticas públicas al convertirse en organismo descentralizado de la administración pública federal; van a poder atender otro tipo de derechos, y eso le da una dimensión diferente, acorde con los conceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, apuntó.