Autoridades del gobierno capitalino, diputados locales, consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal y representantes de los jefes delegacionales instalarán esta semana la mesa de trabajo en la que se habrá de definir la nueva fecha de la consulta ciudadana, ejercicio en el que los capitalinos deberán decidir el destino que tendrán los 681 millones de pesos autorizados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) como presupuesto participativo.

En conferencia de prensa, los presidentes de las comisiones de Participación Ciudadana, Lizbeth Rosas, y de Vigilancia, Leonel Luna, expresaron que en la ruta que ahí se defina deberá establecerse también un modelo que permita una eficaz y transparente aplicación de esos recursos públicos en este año.

También remarcaron que pugnarán para que la citada consulta no se realice en la fecha que propuso Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF); es decir, el 27 de marzo, y tratarán de que se realice antes del día 15 de ese mes, cuando iniciará el periodo ordinario de sesiones de la ALDF.

Los fondos no deben regresarse al GDF: Lizbeth Rosas

Según Lizbeth Rosas se buscará modificar la iniciativa de reformas del gobierno capitalino, sobre todo en lo relativo a que se regresen a las arcas de la Secretaría de Finanzas los recursos del presupuesto participativo que no hayan sido comprometidos por los jefes delegacionales al mes de julio.

Esos recursos son de los ciudadanos y rechazamos cualquier posibilidad de que sean entregados al gobierno de la ciudad, remarcó enfática la legisladora perredista.

Más adelante, dijo: Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, y pedimos al GDF y a los delegados plena garantía de que la celebración de la consulta ciudadana se realice en breve, con mayor coordinación y tomando en cuenta los tiempos que estipula la Secretaría de Finanzas, para no lamentar que los recursos no se puedan ejercer en tiempo y forma.

Para Leonel Luna, es necesario fijar mecanismos que permitan especificar las obras y programas a ejecutarse, según lo que decidan los comités ciudadanos, pues actualmente son tan generales las opciones para la gente, que podrían generarse confrontación o decepción.

Como ejemplo mencionó que si los comités o consejos de los pueblos piden drenaje, no se previó consultar en qué puntos específicos se debería realizar esa obra, o si se quiere un parque y el monto total de presupuesto participativo no alcanza, generará inconformidad entre la población.

Más adelante, consideró que el aplazamiento de la consulta –prevista para ayer, pero que por cuestiones de tiempo se debió cancelar– no representa daño social o patrimonial.