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Activistas bajo fuego

Condenan ONG pauta de violencia contra luchadores sociales

En evidencia, el desprecio por los defensores de derechos humanos
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Imagen de la casa de Sara Salazar, en el municipio de Guadalupe, la cual fue incendiada por un grupo de desconocidos el día 15 de febreroFoto Reuters
 
Periódico La Jornada
Sábado 26 de febrero de 2011, p. 4

El asesinato de Malena y Elías Reyes, así como de la esposa de éste, Luisa Ornelas, confirma el desprecio de las autoridades del país por la labor de los defensores de derechos humanos, e inhibe la denuncia de las injusticias, lo cual perjudica gravemente la formación de un Estado democrático, advirtieron integrantes de organizaciones civiles.

Juan Carlos Gutiérrez, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que además de una situación sumamente dolorosa, el triple homicidio pone de manifiesto el desprecio y el menoscabo del trabajo que realizan estos activistas en el país.

De igual manera, refleja la omisión del Estado mexicano para otorgar las medidas de protección que está obligado a brindar a los defensores de las garantías individuales, como ha ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias ocasiones, incluidos los casos de la propia Sara Salazar y Malú García Andrade.

José Rosario Marroquín, coordinador del área de comunicación y análisis del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló por su parte que ya no alcanzan las palabras para describir el clima de violencia e impunidad que se vive en todo el país, sobre todo en los estados del norte.

Las agresiones contra la familia Reyes Salazar, recordó, tienen su origen en el activismo social de sus integrantes, en particular contra la violencia que trajo la militarización de Chihuahua. Esta situación ha llegado a tal punto, dijo, que ahora los defensores de derechos humanos tienen la prioridad de defenderse a sí mismos.

La organización Amnistía Internacional se sumó a la exigencia de que las autoridades mexicanas provean de seguridad a la familia Reyes, tomando en cuenta que cinco de sus miembros han muerto de manera brutal, señaló mediante un comunicado Susan Lee, directora del programa de América del colectivo.

De igual manera, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó enérgicamente el asesinato de las tres personas secuestradas, y a través de su titular, Javier Hernández Valencia, señaló que esta pauta de violencia resulta indignante y afecta a todos los que se dedican a la defensa y promoción de las garantías individuales.

El asesinato de los activistas, cuyos cuerpos fueron encontrados ayer, representa el hecho más ominoso de impunidad que haya sufrido una familia en la llamada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada del gobierno federal, refirieron diputados de PRI, PRD y PT.

Alejandro Encinas, coordinador del partido del sol azteca en San Lázaro, condenó el triple homicidio y dijo que lamentamos la omisa actuación de las autoridades locales del gobierno de Chihuahua, que debieron atender la denuncia de desaparición con celeridad, y al no hacerlo incurrieron en responsabilidad y deben ser sancionados.

Para el coordinador de los diputados del PRI, Jorge Rojo García de Alba, la opacidad en que se encuentra el caso de la familia Reyes Salazar debe ser abordada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Partido del Trabajo en San Lázaro envió un comunicado que contiene una declaración de las hermanas Marisela y Claudia Reyes Salazar en la que exigen la inmediata renuncia del fiscal de Chihuahua, Jorge González Nicolás.

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, Alfonso Navarrete Prida, la principal demanda de la sociedad se enfoca en garantizar seguridad jurídica a la familia, y hacer que el asunto no quede impune.

El PRD lamentó los asesinatos y se unió a la exigencia de que con la misma prontitud con que se resolvió el asesinato del agente estadunidense Jaime Zapata, se haga lo propio en este caso de la activista de Chihuahua que llena de indignación a todos los mexicanos.

La secretaria general del sol azteca, Hortensia Aragón, recalcó que este crimen demuestra la ineficacia de los planes aplicados por el gobierno de Felipe Calderón en Chihuahua y la indolencia de las autoridades por esclarecer los crímenes de mujeres y de activistas sociales que se cometen todos los días en esa entidad fronteriza.