Noventa y cinco por ciento de las iniciativas que el presidente Felipe Calderón ha enviado al Congreso fueron aprobadas, aunque muchas con modificaciones para evitar que se lesione a los mexicanos. Lo mismo se hará con las reformas pendientes en materia de seguridad pública, porque no se puede permitir que se avance hacia un Estado policiaco, resaltó el senador Francisco Labastida Ochoa, del PRI.

Manifestó que su bancada formuló contrapropuestas a las iniciativas del Ejecutivo en cuanto a la instauración del mando único policiaco en cada estado y la ley para combatir el lavado de dinero, con el propósito de eliminar los riesgos que implican, entre ellos que se obligue a los ciudadanos a actuar como delatores.

Indicó que las negociaciones con los senadores del PAN y el gobierno federal están atoradas en lo que se refiere al mando único y en el caso de lavado de dinero hay avances.

El ex candidato presidencial por el PRI rechazó los señalamientos del dirigente del PAN, Gustavo Madero, de que los priístas se niegan a aprobar las iniciativas presidenciales en materia de combate al crimen organizado. Sostuvo que llevan meses de análisis y discusión, pero Felipe Calderón y su partido no han querido aceptar las modificaciones propuestas.

Destacó que de 2006 a la fecha han tenido que modificarle la plana al ejecutivo. Es lamentable que un gobierno que tiene buenos abogados y legisladores, presente iniciativas tan malas.

La reforma de ley federal para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, que Calderón hizo llegar al Senado, es inaceptable y por ello se están corrigiendo varias cosas.

Labastida explicó que, en su propuesta, Calderón pretende que aquellos ciudadanos que tengan trato con comerciantes o profesionistas –vendedores de automóviles, departamentos o tiempos compartidos; joyeros y relojeros, así como abogados, notarios públicos y fiscalistas, entre otros– se encarguen de investigar con quién realizan la operación y presenten denuncia en caso de sospecha de delito.

Además deben guardar los datos de las operaciones durante cinco años. Si no lo hacen incurrirían en un delito que se castiga con pena de entre tres y cinco años y multas de hasta 5 millones de pesos. “En el PRI no estamos de acuerdo con tal disposición, ya que se pretende que los ciudadanos realicen tareas que corresponden a la policía.

Pedir a un joyero que investigue a quienes le compran sus productos o a un notario que haga lo mismo con un cliente, implica que los obliguen a realizar tareas policiacas para las que no están capacitados; además de que exenta a los organismos de seguridad pública de sus responsabilidad.

Recalcó que, además, esa propuesta implica riesgos para la integridad de los ciudadanos al ponerlos a investigar a supuestos delincuentes. La iniciativa tiene muchos vicios que le estamos quitando.

Una de las propuestas del PRI es que el órgano especializado en asuntos de lavado de dinero no dependa de la Secretaría de Hacienda sino de la Procuraduría General de la República.

Acerca de la reforma constitucional para instaurar el mando único policiaco en los estados, Labastida dijo que el PRI propone que no sea la Secretaría de Seguridad Pública federal, sino una institución independiente, la encargada de la certificación de esas corporaciones.

Señaló que no es un problema menor: sólo 10 por ciento de la policía estatal y municipal, y 40 de la federal, han sido depuradas, y a este paso el proceso se terminaría más o menos por el año 2025 y eso no puede ser, porque es tarea prioritaria. Agregó que los senadores del PRI quieren asegurarse que el instituto responsable de profesionalizar a las policías tenga suficientes recursos y conocimientos, y que elija los métodos más ágiles, no un simple polígrafo para certificarlos.