esulta paradójico, pero hasta ahora el atraso en el nombramiento de los nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) es una victoria contundente para la democracia. Los diputados Alejandro Encinas, Javier Corral y Josefina Vázquez Mota han mostrado gran entereza al resistir los embates y regalos envenenados del PRI. Resulta mejor contar con un Consejo General de seis integrantes, tres de los cuales tienen independencia del PRI, que un consejo de nueve miembros dominado por un bloque de cuatro priístas al cual en cualquier momento se le podría sumar el consejero presidente para constituir una mayoría aplastante.

Se equivoca José Woldenberg cuando minimiza esta cuestión al afirmar que ningún partido va a ganar o a perder una elección federal por los consejeros electorales que se sienten en la mesa del consejo del IFE. La victoria de Vicente Fox en 2000 fue posible precisamente porque el PRI no controló el nombramiento de todos los consejeros en 1996. Si no hubiera sido por la inclusión de un bloque mayoritario de cinco consejeros totalmente independientes del PRI, muy probablemente no hubiéramos sido testigos de la alternancia en el año 2000. Hasta la fecha, los priístas todavía acusan de traición al partido a Emilio Chauyffet, quien como secretario de Gobernación en 1996 tuvo a su cargo la negociación.

El resultado de las elecciones de 2006 también dependió de los perfiles de los integrantes del Consejo General. Si Elba Esther Gordillo y el PAN no hubieran controlado la mayoría de los asientos en la herradura de Viaducto Tlalpan, hubiera sido simplemente imposible meterle el pie a López Obrador en la campaña electoral de forma tan cínica e ilegal. También se hubiera complicado sobremanera la imposición del controvertido resultado electoral, que hasta la fecha no ha sido aclarado o transparentado. De acuerdo con El Universal, aún hoy 38 por ciento de la población no confía en los resultados de 2006 y 44 por ciento tampoco en que se respetará la voluntad popular en los comicios de 2012.

Más recientemente, dos consejeros cercanos al PRI, Marco Antonio Baños y Virgilio Andrade, han demostrado el peso de la lealtad política en el seno del IFE. El pasado 14 de octubre ambos consejeros dictaron de manera ilegal y unilateral medidas cautelares en contra de un anuncio del PT que supuestamente denigraba al viejo partido de Estado, porque se señalaba a Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas como integrantes de la mafia que domina el país. La decisión no tiene sustento jurídico, ya que el anuncio no mencionó al PRI en ningún momento y ni Peña Nieto ni Salinas se habían quejado ante el IFE.

El Revolucionario Institucional tiene perfectamente clara la importancia estratégica de asegurar una correlación de fuerzas a su favor en el seno del Consejo General. Hoy, los diputados de este partido, de nuevo bajo la influencia del mismo Chauyffet, no están dispuestos a dejar que se cometa otra traición. De allí viene la terca insistencia en asegurar dos de los tres lugares que se renuevan.

Ahora bien, en esta ocasión los dos sitios por asignar no están siendo pensados para los alfiles o incondicionales de los coordinadores parlamentarios del tricolor, como ocurrió en las renovaciones de 2008, sino para el pago directo por los favores recibidos a los actores y poderes fácticos: uno va a Televisa, para que preste oídos sordos a los coqueteos de Molinar y Calderón, y el otro para la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María de Carmen Alanís, quien recientemente aseguró que las cerradas victorias del PRI en Durango y Veracruz pudieron ratificarse sin problema en tribunales.

Con respecto a los candidatos que vienen del TEPJF se presenta una irregularidad mayúscula. Los principios más elementales de la ética exigirían a Jacinto Silva, Adriana Favela, Enrique Ochoa, Cecilia Tapia y Roberto Duque que se separen de inmediato de sus cargos si todavía desean participar en el proceso totalmente amañado e ilegítimo con el que se piensa renovar el IFE. Participar en la grilla de San Lázaro simplemente no es compatible con la imparcialidad que debe caracterizar la labor profesional en el TEPJF.

La obsesión del PRI por colocar incondicionales ha llegado al extremo de que ni siquiera está dispuesto a aceptar la razonable propuesta del PRD de realizar una selección aleatoria entre los 17 finalistas, algo que, por cierto, un servidor propuso desde septiembre en su columna en Proceso (http://bit.ly/aK7T5w).

La propuesta, en términos propiamente estadísticos, beneficiaría al tricolor, ya que junto con el PVEM logró colar nueve de los 17 nombres. Pero lo que interesa al PRI no son tanto los nombres de los que entren, sino la manera de ingreso, para después poder cobrar las facturas correspondientes.

Las perspectivas no son nada halagüeñas. Será ingenuo imaginar que los priístas de repente se den cuenta del grave daño que están provocando a la democracia. También se ve difícil que el PRD y el PAN abdiquen y cedan la plaza. Se podría modificar el procedimiento de nombramiento, pero esto también requeriría de la anuencia del viejo partido del Estado. Parece que una vez más tendría que ser la sociedad la que desatore los conflictos de los políticos. La única esperanza sería un levantamiento cívico que haga ver al PRI lo costoso que podría resultar este nuevo secuestro institucional.

A don José Álvarez Icaza, inspiración e inteligencia inagotables,in memoriam

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