Yenis significa flor de calabaza en lengua meph’aa, variante del tlapaneco. Y es el nombre de una niña guerrerense de ocho años cuya madre, Valentina Rosendo, lucha con denuedo para sentar un precedente en la justicia mexicana: que los dos soldados del 41 batallón de infantería que la atacaron y violaron el 16 de febrero de 2002 sean investigados, juzgados y encarcelados por su delito. Lo hago por ella y por las niñas y mujeres que son como yo fui. Para que ninguna más tenga que pasar por lo que yo he pasado.

El primero de octubre, luego de un largo trayecto en los laberintos legales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó pleno crédito a la palabra de Valentina y la de Inés Fernández, también violada por militares; dos mujeres, indígenas y pobres: triple condición de discriminación.

El tribunal interamericano determinó jurídicamente probado que ambas fueron víctimas de tortura por parte de soldados del Ejército Mexicano, y que el Estado, además de aplicar varias medidas de reparación del daño, tendrá que correr los procesos penales correspondientes contra los responsables (que ya están identificados aunque no se han hecho públicos sus nombres) en un juzgado civil.

Además, compromete al gobierno mexicano a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar de modo que se asegure que ningún civil sea juzgado bajo el fuero castrense.

El fallo apunta no únicamente al caso particular de las dos tlapanecas –Inés Fernández y la propia Valentina–, sino reconoce un contexto: al sistema interamericano han llegado denuncias de seis casos de violaciones sexuales de mujeres por soldados solamente en Guerrero entre 1997 y 2004.

Para el abogado defensor Mario Patrón, la sentencia reviste la mayor trascendencia en momentos en que, con el Ejército en las calles como nunca antes, urge que se regulen mecanismos de control externo para las fuerzas armadas. Hizo notar que tres de los cuatro casos que son juzgados este año por la CIDH (Rosendo Radilla; Inés Fernández y Valentina Rosendo; Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, pendiente de resolución antes de fin de año) involucran a la institución castrense como parte acusada. El cuarto caso es Campo Algodonero, de Ciudad Juárez.

El largo camino a la Corte Interamericana

El gobierno sigue, hasta la fecha, sin admitir la comisión de los delitos acreditados por la CIDH. En la última audiencia del proceso, la delegación oficial, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, e integrada por 12 funcionarios más de nivel medio de las secretarías de la Defensa, Gobernación, PGR y de instancias estatales, siguió negando la responsabilidad de los militares: No ha podido ser acreditado el delito ni sus responsabilidades.

Los términos de la sentencia de la corte, sin embargo, no dejan mucho margen de acción al gobierno, en particular en cuanto a que obliga al Estado a asegurar, con este antecedente, que ningún civil sea procesado en el fuero militar, ni como víctima ni como victimario, según Patrón.

Las averiguaciones previas por las denuncias de violación de dos jóvenes a manos de militares se originaron en un Ministerio Público de Ayutla de los Libres, pero en mayo de 2002 fueron atraídas por la procuraduría militar. Los abogados de la organización Tlachinollan que asumieron la defensa impugnaron, recurrieron mediante amparos y esperaron tres años, sin respuesta. Entonces el expediente entró al sistema interamericano.

En octubre de 2007 Valentina e Inés viajaron por primera vez a Washington a una audiencia ante la Comisión Interamericana. Las acompañaban, entre otros, Mario Patrón, su abogado defensor, y Obdilia Eugenio, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Meph’aa.

Habla Valentina: Ahí pude hablar por primera vez en la cara del gobierno. Dije todo como pasó, señalé a los soldados. El gobierno dijo que era mentira, que no eran militares y que nuestros campos no son de jamaica y de maíz, sino de amapola. ¿Cómo no voy a saber yo lo que se siembra si de ahí soy?

Identificados, los soldados que cometieron las violaciones

De regreso pudo darse cuenta de cómo habían crecido su autoestima y su confianza. Una mujer indígena y pobre como yo había llegado ya muy lejos. Siempre tuve esperanza de meter a esos hombres a la cárcel, pero en ese momento tuve mucho más.

En ese trayecto legal se realizaron diligencias en Chilpancingo que condujeron a la plena identificación de los cuatro soldados que cometieron las violaciones y a quienes los acompañaron y ayudaron a someter a las dos mujeres, en agresiones distintas. Su identidad no es aún pública, pero se sabe que son militares que en esas fechas estaban adscritos a las bases de operación Ríos y Mezcalapa y que efectivamente estuvieron en las fechas indicadas en dos comunidades del municipio de Ayutla, Barranca Bejuco (16 de febrero de 2002, violación de Valentina) y Barranca Tecuani (22 de marzo del mismo año, violación de Inés) en operativos de patrullaje que abarcaron la zona entre Mexcalapa y Caxitepec.

Identificados los agresores aún protegidos por el Ejército, el peligro también se acrecentó para las víctimas. El 10 de febrero de 2008 un hermano de Inés, Lorenzo Fernández, apareció muerto, con señales de tortura.

Valentina fue acosada: Como no me eché para atrás con la acusación, de pronto me empecé a encontrar en Chilpancingo a gente de mi pueblo, acompañados por hombres fornidos. Me seguían, me señalaban. Pronto empezaron los empujones y las amenazas, en mi trabajo, a mis papás también.

La CIDH recomendó que el Estado mexicano otorgara medidas cautelares para las denunciantes, y las amenazas generaron más de 10 averiguaciones que permanecen archivadas.