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Alta dependencia de las trasferencias federales, reporta la calificadora Standard & Poor’s

Enfrenta el gobierno de Hidalgo problemas de liquidez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 7 de noviembre de 2010, p. 31

Pachuca, Hgo., 6 de noviembre. El gobierno de Hidalgo enfrenta problemas de liquidez de aproximadamente 3 mil 376 millones de pesos y una limitada flexibilidad financiera por su alta dependencia de las transferencias federales, sumado a que 80 por ciento de sus recursos fiscales está destinado a gastos de operación, señala un reporte de la calificadora Standard & Poor’s (S&P), dado a conocer por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En su evaluación, S&P resalta que los ingresos propios de esta entidad no alcanzan para cubrir ni 10 por ciento de sus gastos operativos, por lo que el 17 de agosto le asignó la calificación de riesgo crediticio.

El reporte de S&P señala además que el estado tiene una política de transparencia débil respecto a la difusión de su información financiera y de la claridad de metas a largo plazo.

En el balance correspondiente a la liquidez, la calificadora indica que hasta el mes de junio las cuentas por pagar a acreedores totalizaron 11 mil 69 millones de pesos, mientras su saldo en inversiones, caja, bancos y cuentas por cobrar sumaban 7 mil 693 millones de pesos.

La calificadora destaca que en los dos últimos años el estado ha enfrentado presiones de liquidez que se han reflejado en disminuciones significativas en el efectivo disponible y en aumento de cuentas por pagar.

El PRD informó también que el monto de las obligaciones financieras (deudas) del estado sumaba cuatro mil 187 millones de pesos, al 30 de junio, según datos de la Secretaría de Hacien- da y Crédito Público, lo que representa más de 50 por ciento de las participaciones federales del ramo 28 correspondientes a los fondos de fomento municipal y general).

De ese total, 2 mil 337 millones corresponden a emisiones bursátiles (55.8 por ciento de la deuda); mil 500 millones a la banca comercial (35.8 por ciento), 319 millones a fideicomisos (7.6 por ciento) y 30 millones a la banca de desarrollo (0.7 por ciento).