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Ya se implementaron candados para evitar más casos, asegura

Se investiga a los 69 juzgados penales por red de trata de internas: Azar
 
Periódico La Jornada
Jueves 28 de octubre de 2010, p. 41

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, aseguró que se investiga a los 69 juzgados penales con el propósito de ubicar a posibles empleados responsables de manipular citatorios judiciales para trasladar a internas a los túneles de los reclusorios varoniles donde las prostituían.

Al recordar que ya hay casos en los que se ha acreditado la participación de dos empleados administrativos que añadían nombres en los citatorios o los sustraían, el magistrado señaló que ya se pusieron candados para evitar esta situación, además de que se están auditando, visitando y revisando todos los juzgados.

Elías Azar dijo que hasta el momento no se han encontrado irregularidades en el desempeño de jueces o secretarios de acuerdos, y afirmó que en caso de detectar que más empleados realizaban esta práctica serán denunciados, como se ha hecho hasta ahora.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que se trabaja en conjunto con la Asamblea Legislativa, el TSJDF y la Comisión de Derechos Humanos local, para realizar modificaciones a la ley en la materia y de esta manera ampliar las conductas propias de la trata de personas con base en los protocolos y lineamientos internacionales.

Reas niegan prostitución

En un hecho inédito, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF permitió a las internas del penal femenil de Tepepan hablar ante los medios de comunicación sobre la presunta red de trata, pero sin la presencia de los denunciantes o víctimas.

Un grupo de 23 reclusas, al cual no se permitió entrevistar, afirmó que en el penal de Tepepan no hay prostitución y que todo lo que se ha difundido al respecto ha dañado su reputación ante su familia. La audiencia fue encabezada por la subsecretaria Celina Oseguera Parra, y otros funcionarios de la dependencia que también se negaron a dar declaraciones.