El Fondo Monetario Internacional (FMI) puso nombre a uno de los causantes de la reciente crisis financiera. Las calificadoras de deuda, cuyas opiniones pueden determinar el sentido de los flujos de capital, fueron señaladas por el organismo como causantes involuntarias de inestabilidad en los mercados de capitales.

Las calificaciones crediticias a la deuda emitida por estados soberanos han contribuido inadvertidamente a la inestabilidad financiera. Esto se debe a que estas calificaciones están integradas en varias normas, reglamentos y mecanismos, de manera que una rebaja de la calificación crediticia puede tener efectos indirectos y de contagio, señaló el FMI en un avance del Informe sobre la estabilidad financiera mundial, que será discutido la próxima semana en su reunión anual.

Las empresas calificadoras de deuda (las más conocidas son Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch Rating, aunque el informe del FMI no alude a ninguna en particular) han sido señaladas de contribuir a la agudización de la crisis financiera que estalló en el otoño de 2008. Algunas emitieron recomendaciones de inversión en instrumentos que, a la postre, llevaron al colapso a varias instituciones insignias del sistema financiero mundial, como Lehmann Brothers.

Poder al margen de los estados

El reporte del FMI no lo dice con todas sus letras, pero las empresas de calificación de valores se han constituido en un poder al margen de los gobiernos elegidos por el voto de los ciudadanos. Los gobiernos suelen actuar en el diseño de sus políticas económicas o fiscales en función de lo que puedan opinar, como se observó los últimos meses en Europa, o en la actual discusión presupuestaria en México.

Lo que sí dijo con todas sus letras el reporte del FMI es que la opinión que emiten estas empresas calificadoras puede tener efectos desestabilizadores y de contagio en los mercados financieros porque los inversionistas se apresuran a comprar o vender valores cuando se modifican estas calificaciones. Esto fue lo que ocurrió, añade, tras las fuertes rebajas de calificaciones de los productos de crédito estructurado (como las hipotecas basura, emitidas sin garantía de cobro por algunos bancos en Estados Unidos y que habían recibido alta calificación de estas empresas) durante la reciente crisis financiera.

El reporte del FMI añade que más recientemente esos problemas se han expresado en la rebaja que han hecho estas empresas en la calificación crediticia de algunos países europeos, por el aumento de sus déficit fiscales. En este caso, indica el reporte, ha quedado clara la necesidad de prestar atención a las agencias calificadoras de riesgos y a sus metodologías de calificación.

Una empresa calificadora emite una opinión sobre la posibilidad de incumplimiento de pago de deuda de gobiernos nacionales, estatales o municipales, así como de empresas estatales o compañías privadas. En función de la calificación es mayor o menor la tasa de interés. Y estas opiniones suelen ser incorporadas a la decisión de los gestores de fondos antes de emitir en uno y otro papel.

El FMI llama la atención sobre un conflicto de intereses en torno a la operación de las calificadoras, dado que es el propio emisor de la deuda el que paga por la opinión crediticia que emiten estas empresas.

Se ha expresado preocupación con respecto a los conflictos de intereses inherentes a los sistemas de contratación utilizados por las principales calificadoras de riesgo en que los emisores pagan por las calificaciones, que permiten a estos comparar y buscar las calificaciones más altas. Sin embargo, un modelo en el que los inversionistas sean los que paguen también puede dar lugar a conflictos de intereses. Por ejemplo, los inversionistas pueden presionar a las calificadoras para que posterguen la rebaja de las calificaciones a fin de retrasar las compras forzosas de valores, apunta el informe.

Para el organismo, es necesario que los gobiernos avancen en la eliminación de las normas y reglamentos que vinculan estrechamente las decisiones de compra o venta de activos financieros a las calificaciones que emiten estas empresas.

Las autoridades nacionales deberían seguir desplegando esfuerzos para reducir su propia dependencia de las calificaciones crediticias y, cuando sea posible, eliminar o sustituir las referencias a las calificaciones en las leyes y reglamentos y en las políticas sobre garantías del banco central, indicó el reporte.