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Ha llegado al cinismo para evitar difundir datos: Carbonell

Califican el actual sexenio como el peor en materia de transparencia
 
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de septiembre de 2010, p. 16

El sexenio de Felipe Calderón es el peor en transparencia y acceso a la información y existe un peligro de limitar los avances en esos temas. Se han presentado retrocesos promovidos desde los poderes Ejecutivo y Legislativo federal, señalaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialistas en la materia.

Durante el foro El derecho de acceso a la información, retos de la transparencia y seguridad nacional, efectuado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Miguel Carbonell, investigador de esta entidad universitaria, sostuvo que la administración de Calderón muestra cinismo al argumentar que por seguridad, la cual tiene obligación de garantizar, se limite el derecho a la información y la transparencia.

Recordó que durante su reciente comparecencia ante el Congreso, el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, aseveró que es riesgoso hacer público en la página de Internet de la dependencia el subsidio federal que se le da a cada agricultor, ya que estos podrían ser secuestrados.

Esta es una expresión que supone cinismo. Ahora, al manifiesto fracaso del Estado para garantizar la seguridad, se suma que el gobierno vulnera los derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos el acceso a la información, señaló Carbonell.

Estamos ante un conjunto de medidas bastante contrario para la transparencia; este sexenio ha sido absolutamente pésimo para la transparencia. Es inconstitucional que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) tengan que ser verificadas por un tribunal.

El académico universitario lamentó que el Servicio de Administración Tributaria se valga de chicanadas judiciales para no acatar de inmediato las resoluciones del Ifai.

Otro retroceso, aseveró, son las reformas inconstitucionales aprobadas por el Congreso –a propuesta del Poder Ejecutivo— al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales que restringe la información sobre las averiguaciones previas.