Sociedad y Justicia
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En escritos amicus curiae piden que ordene al gobierno remediar el daño moral a los guerrerenses

CIDE y centro de ambientalistas abogan por Montiel y Cabrera ante la CIDH

Destacan que en México es donde más se persigue y asesina a defensores de la ecología

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Los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera luego de su liberación por razones humanitarias, en noviembre de 2001Foto José Núñez
 
Periódico La Jornada
Jueves 19 de agosto de 2010, p. 39

El Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDCL, por sus siglas en inglés) y Gustavo Fondevila, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), presentaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) memoriales amicus curiae (amigos de la corte) en respaldo al caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que se abordarán en la sesión de la próxima semana.

En los escritos, ambos manifestaron su esperanza de que la CIDH ordene al gobierno mexicano que adopte las medidas necesarias para remediar el daño moral causado a los dos campesinos y a las comunidades de Petatlán, Guerrero, que defendieron el bosque, y decrete medidas orientadas a mejorar el respeto de las personas detenidas en el sistema actual.

Montiel y Cabrera viven fuera de sus comunidades debido a la persecución que sufrieron. El primero está asilado en Estados Unidos y el segundo habita en algún lugar del país. Ambos fueron integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), por medio de la cual lograron que la multinacional Boise Cascade dejara de explotar los bosques de la sierra de Filo Mayor. Fueron detenidos y torturados en 1999; Amnistía Internacional los declaró presos de conciencia y en noviembre de 2001 fueron liberados por razones humanitarias.

Al memorial presentado por el EDCL se sumaron 12 personas de Malasia, Madagascar, Bélgica, Nueva Zelanda, Perú, Honduras, Liberia, Irlanda, Ucrania, Francia y Camboya, que entre 1990 y 2010 recibieron el premio ambiental Goldman.

De acuerdo con dicha organización –que otorga asesoría legal gratuita a los defensores ambientales–, en los pasados ocho años se han registrado en México 21 casos de violaciones a la garantías de los defensores del medio ambiente, el número más elevado en comparación con los ocurridos en 33 países de América, Europa, Asia y África, lo que demuestra la severidad y el crecimiento del problema, así como la necesidad urgente de un pronunciamiento y determinación de acciones por este honorable tribunal, señala.

En su escrito, el EDCL sostiene que los derechos de ambos campesinos ecologistas guerrerenses no han sido reivindicados y que los abusos cometidos en su contra continúan en la impunidad, ya que durante todo el proceso judicial las denuncias de tortura no fueron investigadas de manera suficiente por las autoridades. La persecución en su contra repercutió en el esfuerzo de la OCESP por defender los bosques de la región.

Impunidad e intimidación

Señalan que el caso de los dos guerrerenses demuestra que cuando las personas defienden la tierra y abogan por los derechos humanos de los afectados por la degradación del medio ambiente, son objeto de violaciones de sus garantías en castigo por el ejercicio de su actividad. Con frecuencia, los abusos cometidos contra los defensores ambientales quedan en la impunidad, generando un efecto intimidatorio en las actividades de las víctimas y de otros defensores.

La organización cita en su escrito el informe Ambientalistas bajo fuego: diez casos urgentes de abuso de derechos humanos, realizado en 2000 por Sierra Club y Amnistía Internacional, en el que advierten que en varios países “es un negocio peligroso ser ambientalista, pues sus derechos humanos básicos están siendo violados… Creemos que el desafío ambiental y de los derechos humanos de la próxima década será defender a las personas que protegen el medio ambiente”.

También menciona que de acuerdo con la ONU, los ecologistas son el segundo grupo más vulnerable de los defensores de las garantías individuales asesinados a causa del desarrollo de su actividad, especialmente los que se ocupan de los derechos sobre la tierra, los recursos naturales y las cuestiones ambientales en América Latina y en algunos países de Asia.

Apunta que el caso de Cabrera y Montiel forma parte de un amplio historial de abusos contra los ambientalistas mexicanos; las autoridades fallan en tomar acciones efectivas para combatir los abusos de que son objeto, dejando la mayoría de los casos en la impunidad.