La Paz, 2 de agosto. Familiares de integrantes de la guerrilla de Teoponte asesinados por el ejército boliviano en 1970, demandaron la destitución del director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Antonio Torrez Balanza por ser un torturador y monitoreador de torturas y demandaron la constitución de una Comisión Nacional de la Verdad, la Justicia y la Reparación para acabar con la impunidad de militares golpistas y paramilitares.

Martha Montiel, hija del ex guerrillero chileno Tirso Montiel, mencionó que fue Raúl García Linera, hermano del actual vicepresidente de la república, Álvaro García Linera, quien denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en 1995, que Torrez Balanza era el médico forense que recomendaba a los militares los límites a los que podían llegar en la tortura a los detenidos, lo que, dijo, quedó documentado en el libro Denuncia de torturas de ciudadanos sindicados de alzamiento armado, editado por la citada comisión.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Montiel y Hugo Araníbar, éste en representación de las familias de cinco guerrilleros de la provincia de Sabaya, todos ultimados por los militares, denunciaron que el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las Desapariciones Forzadas (CIEDEF), dependiente del ministerio de Justicia, realiza exhumaciones ilegales en Teoponte borrando huellas de cómo fueron asesinados (los guerrilleros) y de sus asesinos.

Dichas exhumaciones se realizan sin presencia de un fiscal ni de los familiares de las víctimas, lo que incumple normas nacionales e internacionales al respecto, afirmaron. Montiel exigió que se detenga la entrega de los restos exhumados hasta obtener una segunda opinión de forenses nacionales o extranjeros sobre la forma en que murieron los guerrilleros.

Araníbar por su parte denunció que de los restos de los cinco guerrilleros de Sabaya, que fueron enviados por sus ayllus, recuperados en Teoponte, sólo han recibido sepultura los de Eloy Moyo Mamani, alias Duilio, quien murió el 7 de septiembre de 1970. Los restos de Estanislao y Emilio Villca Colque, así como los de su hermano Evaristo Bustos Araníbar, alias Dante, aún permanecen en instalaciones del IDIF porque las comunidades y sus familiares no cuentan con fondos para su traslado a pesar de la obligación del Estado de cubrir estos gastos, indicó.

Falta recuperar los restos de Clemente Fernández, alias Nelson, quien murió en 18 de septiembre de 1970, agregó. Por su parte el director del Instituto de Terapias e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI), Andrés Gautier, manifestó el apoyo de su institución a la denuncia contra el director del IDIF, Torrez Balanza, mencionando que todos los estudios forenses que se hicieron luego de la masacre de El Porvenir en Pando fueron falseados, lo que ha ocurrido también, indicó, en el caso del presunto asaltante a Vías Bolivia, David Olorio, quien murió torturado en días pasados por elementos de la Policía Nacional durante un interrogatorio.

Sigue paro en Potosí

En otro orden, la ciudad de Potosí (sur) –con más de 160 mil habitantes- permanece paralizada por sexto día consecutivo, en un paro indefinido decretado por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en demanda de que el gobierno resuelva a favor del departamento un conflicto de límites con el departamento de Oruro y otras reivindicaciones de regionales.

Por su parte el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, calificó dicho paro de político, en tanto que desde Cochabamba, el ministro de Autonomías; Carlos Romero llamó a integrantes del Comcipo a dialogar en esa ciudad, lo que fue rechazado por dicho comité.