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Afectados dicen que amenaza a su familia

Acusan de tortura a edil de Tlaltizapán
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 9 de julio de 2010, p. 31

Cuernavaca, Mor., 8 de julio. Mario Bustamante Martínez y su hermana Verónica, el primero ciudadano estadunidense de origen mexicano y la segunda residente en el municipio de Tlaltizapán, aseguraron que el alcalde de ese municipio, Ennio Pérez Amador, ordenó que policías locales los golpearan y torturaran.

En conferencia de prensa en esta capital, los hermanos Bustamante Martínez dijeron ser vecinos del alcalde priísta en el fraccionamiento El Mirador de la cabecera municipal de Tlaltizapán. Indicaron que el incidente comenzó la noche del pasado 4 de enero, cuando pidieron al edil que retirara una patrulla que obstruía su cochera, lo que provocó que Pérez Amador ordenara al coordinador de seguridad pública, Anuar Fernando Cárdenas Rueda, darles en la madre.

Eran más o menos las 10 de la noche cuando se pidió a Ennio Pérez que movieran la patrulla que obstruía la entrada de nuestro garaje. La respuesta del alcalde fue altanera. Dijo que nadie le daba órdenes; luego dijo a los policías, algunos de los cuales forman parte de su escolta, y al coordinador de seguridad pública, que nos detuvieran y nos fincaran cargos, por lo que comenzaron a golpearnos brutalmente, dijo Verónica Bustamante.

La agresión, agregó, fue presenciada por sus hijos y padres, quienes suplicaron a los policías que los dejaran, pero se los llevaron en dos patrullas, donde siguieron golpeándolos.

Posteriormente los trasladaron a los separos de la policía municipal donde, afirmaron, los desnudaron para golpearlos en los genitales. A Verónica le provocaron un sangrado y a Mario intentaron violarlo con un palo de escoba. Verónica afirmó que durante la tortura en los separos Cárdenas Rueda les dijo que cuanto les hicieron fue para que aprendieran a respetar.

Indicaron que decidieron hacer pública su denuncia porque el alcalde ahora persigue y amenaza de muerte a su familia.

Presentaron denuncia ante la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la Procuraduría de Morelos, pero no han recibido respuesta de las autoridades.