El desorden generalizado en la operación y vigilancia en que se encuentra el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008, señala el informe elaborado por el ministro Arturo Zaldívar sobre el caso de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.

En el documento –que será discutido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo lunes 14 de junio– Zaldívar precisa que desde entonces la ASF concluyó que el IMSS omitió incluir en los contratos que celebró con particulares la obligación de cumplir con las normas de seguridad previstas en las normas oficiales mexicanas y respecto a la normatividad sobre protección civil a niveles federal, estatal y municipal.

La ASF determinó, añade el texto, que el IMSS no cumplía desde entonces con su obligación de garantizar la seguridad e integridad de la población infantil.

Esa conclusión es reportada en el documento de 370 páginas que fue distribuido el pasado miércoles entre los ministros, en el cual se responsabiliza de violación grave de garantías individuales –en agravio de los 49 menores muertos, 104 lesionados y sus familias– a Juan Molinar Horcasitas, ahora secretario de Comunicaciones y Transportes y entonces director del IMSS; al actual director del instituto, Daniel Karam Toumeh, y al ex gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo.

Se responsabiliza asimismo a 11 funcionarios del IMSS y de los gobiernos estatal y del municipio de Hermosillo.

Al igual que en el informe de Zaldívar, la ASF recomendó desde entonces al instituto que estableciera sistemas que aseguraran la elaboración de programas de visita de supervisión de todas las guarderías del país.

También la auditoría detectó que había desorden en el otorgamiento de contratos, operación y supervisión de las guarderías subrogadas.

Homenaje a las víctimas, la víspera del aniversario de la tragediaFoto Yazmín Ortega Cortés

Con base en lo anterior, el documento subraya que existe un vínculo entre el desorden generalizado y el caso de la guardería ABC, pues las irregularidades encontradas en el otorgamiento del contrato de ésta, así como en su operación y supervisión, son análogas a las que quedaron evidenciadas en la gran mayoría de las guarderías que operan bajo el sistema de subrogación.

Añade que esta falta de control sobre dichos establecimientos es fehaciente, ya que la encuesta nacional sobre el estado actual de las guarderías subrogadas, que llevó a cabo la comisión de magistrados sobre el tema –documento que sirvió de base para que el ministro elaborara su proyecto de dictamen–, indica que la gran mayoría de las guarderías subrogadas no cumple con la normatividad.

Sólo 0.3 por ciento se ajusta a todos los requisitos necesarios para su funcionamiento, 69.7 por ciento cuenta con equipo contra incendios, 72 por ciento recibió un dictamen favorable sobre el estado de sus instalaciones eléctricas y 51 por ciento tiene el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública.

Cuarenta y ocho por ciento carece de un dictamen de protección civil vigente, 72 por ciento ha obtenido el visto bueno del cuerpo de bomberos, 75 por ciento cuenta con constancia de realización de simulacros y 57 por ciento tiene detectores de humo, entre otros datos.

Zaldívar concluye que la vigilancia y supervisión del cumplimiento de las medidas de protección civil fue un aspecto dejado de lado por las autoridades.

Además de que nunca se verificó si la guardería ABC, que funcionaba en una bodega habilitada para tal efecto, era viable y segura para el destino indicado, la cual no contaba con los requerimientos de seguridad adecuados, los cuales fueron detectados en una visita que realizó el IMSS el 26 de julio de 2006, sin que dicha autoridad haya dado seguimiento a las observaciones formuladas para corroborar su cumplimiento.