Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, criticó la forma en que las autoridades judiciales de San Luís Potosí conducen el proceso contra el cura José Carlos Contreras Rodríguez, a quien se acusa sin prueba científica de matar en 2008 a Itzachel Shantal González López, alumna del colegio Carlos Gómez. Responsabilizó al gobierno estatal de orquestar una persecución política contra la comunidad salesiana, y atribuyó la comisión de diversas atrocidades jurídicas y prevaricato al procurador de Justicia, Cándido Ochoa, ex abogado del sacerdote.