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Se les imputa haber estafado a mil 261 clientes en Puebla: PGJE

Caen en Chiapas 2 accionistas de caja de ahorro acusados de fraude
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Viernes 4 de junio de 2010, p. 34

Puebla, Pue., 3 de junio. Agentes de la policía ministerial de Puebla detuvieron en Chiapas a los principales accionistas de la caja popular Grupo de Bienestar Social La Paz, Silvia Mora Vázquez y Romualdo de Jesús Malo Quiroz, acusados de defraudar 315 millones de pesos a mil 261 clientes.

El subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Víctor Pérez Dorantes, dio a conocer que, en una acción coordinada con autoridades de Chiapas, el miércoles se capturó a los inculpados en el zócalo de la comunidad Villa de las Flores, municipio de Tuxtla Gutiérrez, y se les llevó a la ciudad de Puebla.

La aprehensión de los esposos Silvia Mora y Romualdo Malo ocurrió casi ocho meses después de que la caja de ahorro cerró, con el argumento de que no tenía dinero para pagar los depósitos de los usuarios.

Los detenidos fueron trasladados al penal de San Miguel –en la capital de Puebla– y se reservaron el derecho a declarar ante la juez segunda de lo penal, Rosa Celia Pérez González.

Víctor Pérez señaló que Grupo de Bienestar Social La Paz engañaba a sus clientes al asegurarles que serían socios de la caja y obtendrían altos rendimientos.

La PGJE ha detenido a 13 presuntos responsables de fraudes financieros en Puebla, entre ellos dueños o accionistas de las empresas Sitma e Invergroup. La autoridad ministerial busca a más de 35 socios de 10 compañías acusadas de diversos ilícitos. De Grupo de Bienestar Social La Paz falta capturar a otros seis acusados.

Rafael Ramírez Hernández, representante de los agraviados por los directivos de la caja de ahorro, confió en que con las detenciones de Silvia Mora y Romualdo Malo pueda recuperarse ciento por ciento de los ahorros y no sólo el 70 por ciento proveniente del Fideicomiso Pago –que ya está en trámite–, pues los acusados deben resarcir el daño patrimonial para obtener su libertad.