La escalada de violencia en San Juan Copala puede aumentar en el periodo electoral, a pesar de lo cual el Estado mantiene su postura de que en el país no hay paramilitares y que los problemas en lugares como la región triqui de Oaxaca se deben a conflictos intracomunitarios. Ante ello, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) advirtió que dada la desconfianza hacia la justicia mexicana y las instituciones del Estado, el siguiente paso de la sociedad civil es acudir ante organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo pronto, desde Barcelona, la CCIODH señaló que de no actuar para garantizar la integridad física de los integrantes de la caravana que llegará a San Juan Copala el 8 de junio, los gobiernos estatal y federal serán los responsables de posibles agresiones y ataques que puedan darse.

De hecho, denunció que pese a las declaraciones del presidente Felipe Calderón durante su gira por España, de que se investigaría la agresión a una caravana de observadores de derechos humanos el pasado 27 de abril, de la que resultaron dos personas muertas, la CCIODH advirtió que hasta el día de hoy prevalece una ausencia total de voluntad para castigar esos crímenes con apego a la ley.

En el mismo sentido se expresó Jorge Albino, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de San Juan Copala, quien aseguró que ninguna autoridad estatal o federal ha acudido al municipio para realizar indagatoria alguna.

Insistió en que la voluntad de los triquis es mantener el proyecto de autonomía de su municipio, y por eso no se permitirá la instalación de casillas durante las elecciones del próximo 4 de julio.

Dijo que la intromisión de los partidos es la causa de la división en las comunidades. En cualquier caso, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, quienes deseen emitir su voto lo podrán hacer en casillas especiales que se instalarán en las comunidades vecinas.

A su vez, la CCIODH recordó que las denuncias sobre violaciones a derechos humanos en la región triqui existen desde hace al menos cuatro años. La propia comisión documentó dichas situaciones en sus recientes dos visitas en 2006-2007 y 2008.

Luego de la emboscada de que fueron víctimas organizaciones civiles nacionales y extranjeras, así como periodistas, y el asesinato del dirigente Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa, la comisión advirtió que ante la impunidad que ha prevalecido en la entidad desde 2006, cuando se registraron al menos 26 muertes violentas, existe el riesgo de un incremento en la actividad paramilitar como forma de división, agresión y contención de las causas justas y legítimas de las organizaciones sociales y comunidades indígenas. Lamentablemente, apuntó la CCIODH, no hay indicios de lo contrario.

En estas condiciones, la confianza sólo puede depositarse en la sociedad civil, como la que participará en la caravana humanitaria de observación y solidaridad con el municipio autónomo, a pesar del riesgo que ello supone. La comisión se comprometió a seguir de cerca los acontecimientos y, en su caso, a sumar esfuerzos para lograr una solución justa y duradera al conflicto en la zona triqui.