Juristas, investigadores, académicos y defensores de los derechos humanos de diferentes organismos e instituciones públicas y privadas destacaron este martes, durante un seminario realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los claroscuros que apareja la reforma aprobada el mes pasado por el Senado, la cual eleva a rango constitucional y amplía la protección de las garantías básicas en el país.

La jornada de este foro que se extendió seis horas y se dividió en dos mesas de trabajo, resaltó por las duras críticas a esa iniciativa de parte de Miguel Carbonell, coordinador del área de derecho constitucional del IIJ.

“Me parece grave que esta iniciativa de reforma constitucional se haya aprobado así, porque, si con esta legislación nos van a decir de aquí a los siguientes años nuestros representantes populares: ‘señores, cumplimos, ya hubo reforma en materia de derechos humanos’, entonces prefiero que no pase en la Cámara de Diputados, porque no es todo lo buena que debería ser”, expuso Carbonell ante la asistencia mayoritaria de estudiantes de derecho, defensores de los derechos humanos y abogados que laboran en alguna comisión sobre garantías básicas en el país.

Iniciativa mediocre

Después, en entrevista con La Jornada, Carbonell abundó sobre sus críticas a la reforma. Es una iniciativa mediocre, con claroscuros. Le faltó reordenar el capítulo de derechos, las garantías; le faltó incorporar lo que señalan los tratados internacionales en materia de garantías básicas; le faltó tocar el tema de derechos de los niños, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores; cláusulas fuertes de no discriminación; quitar límites absurdos a la libertad de expresión, la cual hoy en día está limitada por la moral, según el artículo sexto de la Carta Magna. Todo esto no son normas de un Estado moderno sino de una nación atrasada y mediocre.

Mónica González, también del IIJ, subrayó las deficiencias que presenta esta iniciativa, sobre todo en materia de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues está reforma simplemente no tocó el artículo cuarto constitucional ni definió los derechos normativos para proteger las garantías a la información, a la salud, intimidad, honor y al respecto de la vida de los menores de edad.

Graciela Rodríguez, directora de la organización civil Litigio Estratégico, también observó con reservas la reforma, que entre otras cosas traslada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la facultad de investigación de hechos violatorios de las garantías individuales.

Ella participó, junto con José Luis Caballero, de la Universidad Iberoamericana; Luis Daniel Vázquez, de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; Miguel Carbonell y Mónica González, en la primera mesa de debate denominada Ampliación del catálogo de derechos humanos.

La joven abogada de Litigio Estratégico expuso que mientras no haya garantías constitucionales que obliguen a los políticos, policías, fiscales y a los jueces a respetar los derechos humanos, mientras no se obligue a la autoridad a acatar las resoluciones de las comisiones de derechos humanos, o mientras el Poder Legislativo no coloque a los tratados internacionales al mismo nivel que la Carta Magna, difícilmente se conseguirá en México un estado de derecho respetuoso de las garantías básicas.

En la segunda mesa titulada Nuevas facultades de los órganos encargados de la protección de los derechos participaron Juan Carlos Gutiérrez, director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Karina Ansolabehere, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, además de Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Lorenzo Córdoba, ambos del IIJ.

En su oportunidad, Juan Carlos Gutiérrez fijó posición discordante con aquellos que antes de este seminario habían firmado un documento en el que avalaban esta reforma constitucional y, ahora, en algo que genera suspicacias, la critican.

De su lado, Ferrer Mac-Gregor y Córdoba destacaron el hecho de que una vez publicada esta reforma la CNDH podrá tener acceso a averiguaciones previas reservadas por la Procuraduría General de la República.

Ambos juristas del IIJ de la UNAM coincidieron en que esta iniciativa enmendó la plana a nuestra Suprema Corte, la cual había limitado el catálogo de los derechos humanos existentes y había cerrado la puerta a la discusión respecto de si los tratados internacionales estaban al mismo nivel de la Constitución.