o sólo hay disputa de los cárteles entre sí o entre ellos y las fuerzas del orden en el estado de Chihuahua. Además de las balaceras y ejecuciones que no cesan, la guerra de las declaraciones y el endilgue de responsabilidades al adversario político se ha intensificado en semanas recientes, en pleno proceso electoral por la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales.

La más reciente muestra pública de esta batalla son las declaraciones del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en las que responsabiliza al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), implementado en Chihuahua desde 2008, del desgobierno que priva en la entidad.

Algo de razón tiene Gómez Mont. Si bien no se puede considerar que el NSJP sea el causante del desgobierno que priva en la entidad, no puede ignorarse su contribución a que el problema de la violencia y la inseguridad no se solucionen. Vayan algunos datos:

Este nuevo sistema, de juicios orales, se puso en práctica con gran apoyo técnico, organizativo e incluso económico de organismos como la USAID y la agrupación Pro-Derecho a partir de 2004. Sin embargo, aunque el sistema en el papel es bueno, la preparación no sólo técnico-jurídica, sino también de actitudes de sus operadores: agentes del Ministerio Público y jueces, sobre todo, ha dejado mucho que desear. En buena parte debido a la sobrecarga de trabajo, a la improvisación, a la falta de criterio de ellos; en muchos delitos, sobre todo, asaltos, hurtos de vehículos y violaciones, los presuntos responsables han quedado en libertad o, cuando mucho, en arraigo domiciliario, con gran costo para el erario estatal.

Por otro lado, según datos del Inegi, en 2008, cuando se instauró en toda la entidad el NSJP, se registraron un total de 2 mil 678 homicidios, de los cuales 2 mil 101 fueron dolosos, cifra tres veces superior a la del 2007. No obstante ese incremento, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) consignó ante jueces de primera instancia a sólo 253 personas como presuntos homicidas, cantidad inferior a los 379 sentenciados el año anterior, cuando sólo se cometieron 708 asesinatos. Además, al terminar 2008, primer año de funcionamiento del NSJP, quedaron pendientes de resolver 45 mil asuntos, cifra casi cuatro veces superior al rezago de 2007 (Ahora mismo, nota de Alejandro Salmón).

Por si esto fuera poco, los ministerios públicos de la PGJE están reventando. Mal pagados, muy presionados, con expedientes mal integrados, amenazados por la delincuencia, empiezan a aventar los bártulos. Acaban de renunciar varios, enviados a Ciudad Juárez, por el miedo a represalias del crimen organizado.

Así esté al borde del colapso el NSJP en Chihuahua, el aserto del secretario de Gobernación tiene muchos puntos endebles. Él, como responsable de la política y seguridad interiores, es también responsable en parte del desgobierno de Chihuahua. Si bien la criminalidad se dispara en el estado coincidentemente con la implementación del NSJP, también coincide esta explosión delincuencial con el comienzo de los operativos conjuntos, es decir, con la llegada y despliegue en las calles norteñas de elementos del Ejército y de la Policía Federal. Además, las cifras de detenciones y sentencias realizadas por la PGR son abrumadoramente inferiores a la proporción de delitos federales cometidos. Y si atendemos no sólo a las causas inmediatas de la escalada de crimen, hay graves omisiones de política de seguridad pública y de desarrollo social tanto en el gobierno del estado como en el gobierno federal que propiciaron el deterioro social y el crecimiento de las organizaciones criminales.

Entonces, lo que sucede es que, aun habiendo renunciado a su partido, Gómez Mont está actuando sectariamente en esta coyuntura electoral: ataca a un gobierno priísta y no asume la parte del Ejecutivo federal, panista, en la situación de desgobierno generalizada por lo menos en los estados de la frontera norte. Al mismo tiempo trata de curarse en salud por la fallida estrategia desplegada por el gobierno federal en contra del narcotráfico y el fracaso rotundo del programa calderonista Todos somos Juárez: reconstruyamos la ciudad.

Vuelve a reiterarse la evidencia: a pesar de que se sigue hablando de operaciones coordinadas, a pesar de que se organizan reuniones del más alto nivel de los gabinetes estatal y federal de seguridad, la realidad es que no hay coordinación y la estrategia conjunta brilla por su ausencia. Ante la inseguridad y la violencia en Chihuahua podrá haber, si mucho, políticas de un orden de gobierno, no estrategia de Estado.

La disputa no es, entonces, por restablecer la paz con justicia en Chihuahua. Lo importante es ganar las elecciones de julio próximo, no ganar esta sin pies ni cabeza “guerra contra el narco”.