Monterrey, NL, 28 de abril. Apremiado por el secretario de Educación, Alonso Lujambio, a ser breve, un joven del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey hilvanó rápido su exigencia al presidente Felipe Calderón para que se deje de discursos, esclarezca el asesinato de los dos estudiantes en un enfrentamiento de policías con delincuentes y rinda cuentas como empleado de nosotros en mesas similares a las de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Porque tanto su secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont) como usted vienen diciendo que nos van a entregar un informe y eso no ha aparecido. Queremos saber qué pasó con esas muertes, soltó Armando Ramírez, estudiante de doctorado en ciencias sociales en dicha institución, en referencia a esos homicidios y el de la ingeniera Sandra de la Garza, quien pereció en un tiroteo entre una banda de secuestradores y el Ejército.

La respuesta del michoacano no sería escuchada por el joven, sino por rectores en un encuentro posterior, en el que prometió esclarecer los crímenes y afirmó que todos los militares involucrados en la emboscada ya rindieron declaración.

En su primera visita 40 días después de los homicidios de Jorge Antonio Mercado, de 23 años, y de Javier Arredondo, de 24, el Presidente escuchó algunas recriminaciones de representantes civiles en un blindado centro de exposiciones Cintermex, lejos de la prensa, la cual pudo seguir las intervenciones por medio de circuito cerrado y sin poderse entrevistar con los participantes.

Excluidas las voces de los deudos de las víctimas de esta guerra y de activistas de derechos humanos –como comentó a este diario Amada Puentes, madre de Gustavo Castañeda Puentes, joven desaparecido desde el 25 de febrero–, las únicas expresiones disonantes en el encuentro provinieron de alumnos y de empresarios preocupados por la deteriorada imagen del país.

De hecho, Joel Gastelum, otro estudiante del Tec, pidió mesas de diálogo con ciudadanos de a pie, y no con la elite empresarial y grupos dirigentes.

Gastelum rompió con la parsimonia de la reunión, que había transcurrido entre promesas presidenciales y del gobernador de Nuevo León, el priísta Rodrigo Medina de la Cruz, de trabajar sin diferencias partidistas.

Participante en la marcha contra la violencia que efectuaron aquí estudiantes y maestros, Gastelum cuestionó: ¿qué tan razonable es reducir esta lucha a un asunto policiaco militar cuando van 22 mil muertos? ¿Cuántos más faltan? ¿Cuál va a ser su saldo? ¿Dónde queda el combate a los daños colaterales?

Frente a Calderón, su esposa Margarita Zavala y Gómez Mont –quien nunca habló–, otro estudiante, Gibrán Noriega, culpó de la inseguridad a la polarización social en México, donde es tan ilícito enriquecerse con las drogas como es ilícito enriquecerse de manera desmedida en un país donde hay tantos pobres.

Distante de la postura optimista del Presidente en cuanto a la marcha económica del país, el dirigente de la asociación de maquiladoras, Emilio Cadena, aseguró que la industria está detenida en el estado debido a la desconfianza de los inversionistas en el estado de derecho.

Otro participante también discreparía del mandatario: nos gustaría ver una Presidencia echada contra la corrupción, que es alimento de todos los males.

Si en algo coincidieron algunos participantes fue en expresar su miedo a militares y agentes de seguridad, como definió Ana María Villarreal y luego Adriana Dávila, presidenta de asociación de padres de familia, al exclamar: ¡No quiero policías ni soldados sentados en la cochera de mi casa!