Paradójicamente no fue el PAN, sino el PRD el que impidió que subiera al pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el dictamen sobre el proyecto de ley de maternidad subrogada, en el que se definen los criterios para dar certeza jurídica en la ciudad al préstamo de úteros a parejas infértiles.

La diputada del PRD Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, afirmó que, sin ninguna explicación, en su grupo parlamentario se negoció para evitar que en este periodo de sesiones se aprobara la iniciativa.

Aseguró que desconoce cuál fue la razón y de quién vino la orden, aunque responsabilizó a la coordinadora de la bancada, Alejandra Barrales Magdaleno, quien finalmente decide qué dictámenes van.

Fue muy desagradable, porque nadie me informó que había habido una negociación, en la que se planteó aplazar la iniciativa. Estoy indignada porque no ha habido un trato de iguales y meterse en las comisiones para detener el trabajo de los demás me parece inadecuado, apuntó.

Indicó que en el proyecto de ley estaban incluidas 99 por ciento de las inquietudes de los diputados que tuvieron interés en el tema, por lo que sólo estaba pendiente una sesión de las comisiones unidas de Salud y Asistencia Social y de Equidad y Género para resolver algunos artículos reservados, antes de llevar el dictamen al pleno.

Sin embargo, expresó que después de hablar con la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Beatriz Rojas, ambas decidimos no ejercer presión y evitar un jaloneo que ensuciara esta iniciativa, que cuenta con el trabajo de más de cinco meses y es de manufactura colectiva.

Informó que en los últimos acercamientos con los legisladores de ambas comisiones se habían hecho algunas modificaciones al proyecto original. No fue ceder por ceder; cada caso tuvo gran cantidad de argumentos, señaló.

Entre los principales cambios –agregó la leegisladora– se encuentra emitir un contrato de maternidad subrogada en lugar de un instrumento, el cual deberá ser presentado ante un notario público y no ante un juez de lo familiar, como se había planteado inicialmente.